Coalición Canaria presenta las enmiendas a la Renta de Ciudadanía para que esta ayuda llegue a quienes realmente lo necesitan

Calle en Puerto del Rosario, Fuerteventura

Las diputadas del Grupo Nacionalista Canario, Cristina Valido y Jana González Alonso han presentado hoy en rueda de prensa las enmiendas que han registrado esta mañana al Proyecto de Ley de Renta de la Ciudadanía “con el fin de que este ayuda llegue a las familias que de verdad la necesitan”.

 

Advertidas las deficiencias del texto, cuando inició su procedimiento en la cámara autonómica, se ha hecho un trabajo para ajustarlo a lo que establece la Ley de Servicios Sociales y el Estatuto de Autonomía, “en colaboración con los colegios de Trabajadores Sociales de ambas provincias”, recordaron las diputadas.

Para Valido, “si la renta de la ciudadanía nace con la vocación de ser una prestación de carácter universal para las personas y familias que lo necesiten como un derecho subjetivo e individual, no puede vincularse dicho derecho a los ingresos o patrimonio de otras personas en la misma unidad de convivencia”, por lo que la primera enmienda tiene como objetivo eliminar en el texto toda referencia a la unidad de convivencia

Asimismo se incluye la atención personalizada por el personal profesional de Trabajo Social con el equipo disciplinar de la zona, siempre ajustada a las necesidades particulares de las personas. Para ello es necesario tener asignado un profesional de referencia que procure coherencia y el carácter integral en el proceso de intervención en el ámbito municipal, “el trabajador social es el personal de referencia indispensable”, insistió Valido.

Por otra parte la Ley debe contemplar las singularidades del territorio y la condición de Canarias como región ultraperiférica con especial atención a la doble insularidad.

En ese marco, el Gobierno de Canarias “debe garantizar” a los ayuntamientos los recursos económicos suficientes, a partir del número de solicitantes en cada municipio, para adecuar los recursos humanos y materiales a tal fin.

A juicio del Grupo Nacionalista Canario, “la Ley que presenta este Gobierno no tiene una dotación económica suficiente porque si todas las personas que están en espera de una ayuda social quisieran incorporarse no habría fondos para darles respuesta”,

En este punto, Jana González explicó que para calcular la financiación para distribuir en el conjunto de municipios se tendrá en cuenta la población empadronada, con especial incidencia de jóvenes y mujeres; la media mensual de personas demandantes de empleo sin prestación económica y residentes en el municipio los tres años anteriores; el índice medio mensual de solicitudes registradas y personas perceptoras de la renta de ciudadanía o prestación equivalente.

A su vez, las administraciones podrán realizar conciertos sociales plurianuales con entidades del tercer sector de acción social o con entidades de economía social.

Igualdad

Jana González destacó la necesidad de que la Ley fuera igualitaria, “que en sí misma no suponga discriminación”.

Por ello “se pide igual derechos para todas las mujeres, como es el caso de las que tienen permiso de residencia por reagrupamiento familiar y lo pierden como consecuencia del divorcio o separación”, explicó, y que la cuantía de la renta se incremente si tienen menores a su cargo.

En cuanto a la renta de ciudadanía para la inclusión social de personas jóvenes se configura como un ingreso económico y apoyo a la inclusión social para jóvenes emancipados, o entre 16 y 23 años, que no dispongan de recursos económicos suficientes

También se contempla que todas las personas que se encuentran en situación de brecha digital registren personalmente su solicitud y documentación en los registros habilitados

Es importante que la consejería competente en materia de Derechos Sociales “dicte y notifique la resolución de concesión o denegación de la renta en el plazo de dos meses, transcurrido el plazo máximo se entenderá estimada la solicitud”.

Por último, se reclama, que en el plazo de dos meses, tras la aprobación de esta Ley, “se deberá solicitar al Gobierno del Estado que se realicen los cambios legislativos oportunos para compatibilizar la renta de la ciudadanía con la pensiones no contributivas cuando se cumplan los requisitos previstos en esta Ley».

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