La Fiscalía detecta un delito de malversación en Aguas de La Oliva

Se ha detectado un presunto delito de malversación de caudales públicos en la empresa municipal Suministros de Agua La Oliva S. A, según La Fiscalía Provincial de Las Palmas tras comprobar que el consejo de administración presentó en el Registro Mercantil unas cuentas distintas a las que se aprobaron en la junta general. Además, constata entre las numerosas irregularidades detectadas, que en las cifras aportadas al citado Registro hay un aumento del total activo-pasivo de 483.070 euros, «sin justificar». También descubrió la existencia de partidas económicas que presuntamente se modifican, y que se incrementan o se eliminan.

El fiscal considera que las irregularidades contables «son imputables al presidente del consejo de administración de la empresa municipal de suministros de aguas, Rafael Avendaño, concejal del Partido Progresista Majorero (PPM) y al secretario del citado órgano, Marcelino Umpiérrez, edil de Nueva Canarias (NC) «. También amplia su denuncia a todos los demás miembros del consejo de administración que «presentaron y permitieron la elaboración, certificación y depósito de actas de la junta general y cuentas anuales, que no fueron las que efectivamente fueron aprobadas».

Ante el descubrimiento de diversas situaciones irregulares en las cuentas de la entidad, y tras las diligencias de investigación penal llevadas a cabo por el fiscal Tomás Fernández de Páiz, éste remitió al Juzgado de Instrucción de Puerto del Rosario, que por turno corresponda, las irregularidades detectadas para que se abran las correspondientes diligencias.

El fiscal recoge en su decreto, que de acreditarse en sede judicial los hechos detectados, los mismos podrían ser constitutivos, «al menos de un delito de malversación de caudales públicos, de un delito societario o, subsidiariamente, de un delito de falsedad».

La junta general de Suministros Aguas de La Oliva, una sociedad anónima cuyo capital está íntegramente suscrito por el Ayuntamiento de La Oliva, está formada por todos los concejales del Consistorio majorero. Si bien tradicionalmente la presidencia corresponde al alcalde, la situación política del Ayuntamiento ha provocado que varíe la misma dado que el alcalde Pedro Amador está en clara minoría.

Actualmente, el Consejo de Administración se encuentra presidido por Rafael Avendaño (PPM), Marcelino Umpiérrez (NC) como secretario, Dara Estrada, técnica de la empresa y vicesecretaria, y como vocales Guacimara González (PPM),Claudina Morales ( CC), Genaro Saavedra (CC), José Reyes (PP), que no ha tomado posesión, y Álvaro Astica (Votemos). El alcalde Pedro Amador fue cesado por la Junta General. Astica, Reyes y Amador no participan en la tramitación de las cuentas al Registro Mercantil.

El fiscal descubre en su investigación «un brutal incremento» en las deudas a corto plazo que pasa de 66.617 euros a 834.990 y en la cuenta de deudas con empresas del grupo aprobada con un saldo de 765.257 euros, se elimina del balance en el Registro Mercantil.

Fuente: Antonio Cabrera Diario La Provincia

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