Los delitos que les imputa el magistrado son malversación de caudales y falsedad
La Justicia acorrala al Ayuntamiento de La Oliva. No hay semana que concejales de la Corporación no sean imputados o llamados a declarar por algún asunto relacionado con la gestión municipal, bien cuando se encontraban en el Gobierno local o al frente de algunas de las empresas municipales. Un nuevo caso, de los muchos que están pendientes de juicio oral, salta de nuevo a la luz pública. En esta ocasión cinco ediles del Consistorio norteño y una técnico, son investigados por su gestión al frente de Suministro de Aguas de La Oliva, empresa de titularidad cien por cien municipal.
El juez titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Puerto del Rosario, Jorge Bodes Fernández, ha abierto diligencias de investigación penal a petición de la Fiscalía contra los componentes del Consejo de Administración de la empresa municipal de aguas por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, societario o, subsidiariamente de falsedad.
El próximo 5 de mayo deberán comparecer ante el juez Bodes para testificar en calidad de investigado o imputados el presidente de Aguas de La Oliva, Rafael Avendaño, que pertenece al Partido Progresista Majorero (PPM), Marcelino Umpiérrez ( Nueva Canarias), secretario de la citada entidad, así como a los vocales, entre ellos, la exalcaldesa, Claudina Morales (Coalición Canaria ), actual directora general del Instituto Canario de Igualdad y los ediles Guacimara González (PPM) y Genaro Saavedra (CC). También deberá comparecer en sede judicial la técnico de la empresa y vicesecretaria del Consejo de Administración, Dara Estrada.
La investigación penal está relacionada con las cuentas anuales de Suministros de Agua de La Oliva que se depositaron, avaladas con las firmas de los miembros del Consejo de Administración, en el Registro mercantil con alteraciones significativas a las que fueron aprobadas por la Junta General, el pleno de la Corporación, que fueron certificadas, firmadas y presentadas a dicho organismo público por el secretario y secretario, los concejales Rafael Avendaño y Marcelino Umpiérrez, respectivamente, así como por el resto de los miembros del citado Consejo.
Esta situación fue puesta en conocimiento del Ministerio Fiscal por el alcalde Pedro Amador. El fiscal Tomás Fernández de Paiz detectó tras analizar la documentación aportada que existían numerosas y graves irregularidades. Los mismo que hizo en su día el Tribunal de Cuentas.
Ahora, será el juez Jorge Bodes Fernández quien tiene la última palabra sobre la apertura de juicio oral o el archivo del caso.
Fuente: La Provincia
