Por unanimidad, con 52 votos a favor de los 52 emitidos, el Parlamento de Canarias aprobó este martes 17 de julio de 2018, la toma en consideración de la proposición de ley de Grandes Poblaciones. El presidente del Cabildo de Fuerteventura, Marcial Morales, pedía a la Cámara regional que así lo hiciera, para su posterior aprobación en los próximos meses, una vez culmine el pertinente trámite parlamentario.
Acordada por práctica unanimidad también el pasado mes de abril en el pleno insular, la consideración de la isla como gran población supondrá, afirmo Morales, un paso más ”hacia la nueva estructura y el nuevo régimen organizativo del gobierno insular que demanda la Fuerteventura de estas primeras décadas del siglo XXI”.
Tras recordar que la cifra oficial de habitantes a finales de diciembre de 2017 -110.299 residentes, de los cuales un 67% son nacidos fuera de ella- les permite acogerse a este título, Morales destacó que la población se ha duplicado en menos de dos décadas, que el territorio y la sociedad majorera están ”cargados de potencialidades” y que atraviesan ”un momento de importantes transformaciones”. Unos retos para los que se requiere una administración insular moderna, que haga ”del fomento de la participación ciudadana uno de los contenidos fundamentales de la nueva gobernanza”.
Morales rememoró asimismo cómo la Ley de Cabildos aprobada en 2015 recoge la necesidad de llevar a cabo una transformación de las administraciones públicas para que se adapten a las demandas sociales, y para que mejoren la eficacia, calidad y eficiencia de un sector público que debe trabajar atento y conectado con las necesidades de la ciudadanía. En este contexto, que Fuerteventura sea considerada como gran población permitiría ”impulsar la consecución de las demandas colectivas de la sociedad majorera y gestionar sus problemas y oportunidades”.
Durante su intervención, Morales destacó que ”3.300.000 de turistas anuales representan una envidiable base sobre la que consolidar una economía que –fundándose en el conocimiento, la diversificación y una cada vez más estrecha relación entre los sectores económicos- aproveche la formación que han alcanzado miles de jóvenes; resuelva las graves dificultades de acceso a la vivienda que sufren muchas familias (primer problema por encima del problema del empleo, pues la carencia de vivienda en muchos casos les impide aceptar ofertas de trabajo) y supere determinados desajustes que sigue presentando nuestra estructura de empleo (con 8.000 personas paradas mientras algunos sectores se quejan de la dificultad, cuando no imposibilidad de encontrar personal cualificado)”.
El presidente Morales reconoció la actual y eficaz colaboración con los seis ayuntamientos de la isla, ”a los que la institución insular ha venido apoyando desde hace décadas con la prestación de servicios” en beneficio de toda la isla, ”a los que se suma un potente programa inversor –soportado, en buena parte, por el Fondo de Desarrollo de Canarias- en formación y empleo, energías renovables, embellecimiento, asfaltado de caminos, infraestructuras deportivas, sociosanitarias y turísticas, zonas comerciales abiertas, transporte o seguridad y emergencias”. Como muestra, citó la petición de todos los municipios para que sus planes, programas y proyectos fueran tramitados por los órganos ambientales insulares creados tras la entrada en vigor de la Ley del Suelo, ”claro ejemplo de esa cooperación que haciendo economía de escala (insular) estamos y tenemos clara voluntad de continuar desplegando”.
Por último, apeló a esa unión institucional y social que tan bien ha demostrado su eficacia en cuestiones ligadas a la defensa del territorio y el rechazo a las energías contaminantes.
