Para San Ginés y Morales “no es entendible, ni justo, principalmente para las islas periféricas, que finalmente el próximo 21 de diciembre -durante el debate plenario- se cambie no solo un acuerdo anterior aprobado por el Consejo de Gobierno de 28 de noviembre, sino los criterios regulados por el Decreto 85/2016, de 4 de julio, en los que se ha basado el trabajo realizado durante más de un año por los Cabildos y sus trece ayuntamientos, con el consenso también de agentes sociales y económicos de ambas islas, a través de unos programas y estrategias conjuntas que permitirían a las islas que sufrimos la doble insularidad llevar a cabo actuaciones que mejorarían no sólo el índice de empleabilidad de los habitantes de Lanzarote y Fuerteventura, sino también el desarrollo social y económico que necesitamos. Es más, sería un atentado contra el propio fuero y normativa aplicable; es decir contra los derechos que nos otorga la Ley 9/2003, de 3 de abril, de Medidas Tributarias y de Financiación de las Haciendas Territoriales Canarias”.
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