El alcalde de La Oliva, Isaí Blanco, dio a conocer este 25 de febrero las acciones que ha iniciado el Ayuntamiento como consecuencia del informe de ‘Auditoría forense del procedimiento de urbanización de Corralejo’, que ha concluido revelando la presunta comisión de “múltiples irregularidades”.
Se trata de “un compromiso adquirido cuando entramos a gobernar”, indicó Isaí Blanco, “junto a la elaboración de un presupuesto y la revisión de las cuentas municipales”, en los tres casos cumplidos, y que “no tiene otro objetivo que hacer justicia con los vecinos y vecinas de este municipio, comprometiéndonos con la defensa del espacio público, con la protección de nuestro territorio, y con la defensa de la legalidad”.
Tras anunciar en el último pleno de la conclusión de este informe, en la última Junta de Gobierno local se aprobó el inicio de tres procedimientos de ámbito jurídico, “en atención a las conclusiones y recomendaciones que nos presenta este informe de auditoría”.
“Estos tres procedimientos están encaminados a recuperar espacio público que podría haber sido ocupado durante el proceso de urbanización de Corralejo, la supervisión y si procediera anulación del proceso de cobro de cuotas urbanísticas a cientos de propietarios de la Urbanización Corralejo Playa, y la presentación de este informe a los organismos correspondientes, como la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, la Audiencia de Cuentas de Canarias, el Tribunal de Cuentas, y la Dirección General de Seguros y Fondos de pensiones”, conforme con la corporación.
Blanco valoró que estas acciones se emprenden “ante la gravedad de los hechos que se describen en este informe. Hablamos una sucesión de actuaciones y decisiones que tomaron en su día desde esta institución y desde la empresa mixta Urbanizadora Corralejo Playa que podrían haber dañado gravemente los intereses generales del municipio”.
Según los auditores, “pueden estar perjudicados los intereses de este ayuntamiento, pero también los intereses de cientos de vecinos y de particulares de esta urbanización”.
“La Urbanizadora Corralejo Playa SA es la empresa mixta con capital mayoritario del ayuntamiento que se constituyó en los años noventa para culminar la urbanización del Plan parcial Corralejo playa, y para gestionar el cobro de las cuotas urbanísticas a los propietarios de esa zona”, según ha manifestado el consistorio municipal.
El título de este documento ha cambiado con respecto al que se encargó, de una auditoría específica de la empresa mixta Urbanizadora Corralejo Playa SA, a ‘Informe de auditoría forense del procedimiento de urbanización de Corralejo’, aludiendo el término “forense” a una constante que se ha repetido durante la elaboración del informe, la dificultad para acceder a la información necesaria para esclarecer lo que ha pasado con esta entidad.
En este sentido, “Urbanizadora nunca se presentó contabilidad a la Audiencia de Cuentas, no consta adjudicación pública para ejecutar las obras, no han aparecido las certificaciones de las obras, por más que el ayuntamiento las ha solicitado, ni consta que el socio privado de la empresa se eligiera por libre concurrencia”, de acuerdo con el ayuntamiento.
Con respecto al giro de cuotas urbanísticas dentro del Plan de Reparcelación Económica de Corralejo Playa, es un proceso que data de 2014 en cumplimiento de una sentencia judicial, que sigue activo actualmente, y en el que son interesados cientos de vecinos y propietarios de la zona. El informe recomienda la revisión y si procediera suspensión del giro de las cuotas, al detectar una “variación injustificable” durante el procedimiento de elaboración del padrón de cuotas.
“La auditoría de la entidad ha sido un documento fundamental para evaluar la ejecución de este plan. El Ayuntamiento de La Oliva comenzó a ejecutar el padrón de cuotas en el verano de 2018 debido a las reiteradas solicitudes de la empresa acreedora, y a numerosos incidentes de ejecución de sentencia remitidos desde el juzgado”, según señaló el ayuntamiento.
En cuento a la recuperación del espacio público, según indica el informe de auditoría, “existe una serie de zonas verdes y viales públicos correspondientes al dominio público del plan parcial que están siendo utilizados como uso privativo, una realidad que sería contraria al planeamiento”, recomendando en sus conclusiones que “proceda a su recuperación para el Patrimonio Municipal en los términos que se establece en el Decreto 8/2015 para la agilización y modernización de la gestión del patrimonio de las corporaciones locales de Canarias”.
Urbanizadora Corralejo Playa SA
Dada la gran complejidad de la materia en cuestión, en agosto de 2017 el actual gobierno en el Ayuntamiento de La Oliva encargó a una consultora externa con acreditada experiencia la revisión contable de la Urbanizadora Corralejo Playa SA.
Urbanizadora Corralejo Playa SA “fue la empresa surgida por mandato del pleno del Ayuntamiento en 1994, y constituida con capital mixto al 55% municipal y al 45% por Cahispa SA de Seguros de Vida, que por encargo del mismo plenario el 10 de febrero de 1996 se ocupó de recaudar las cuotas correspondientes a los costes de urbanización del Plan parcial Corralejo-Playa a los propietarios de las parcelas de la zona”, conforme con el ayuntamiento.
En el Plan Parcial Corralejo Playa “se urbanizó una amplísima superficie de Corralejo, unos 1,7 millones de metros cuadrados, que hoy en día abarcan todo el frente marítimo de la localidad turística, desde el Casco Viejo hasta el Parque Natural de las Dunas”.
“La sociedad se constituyó por mandato del pleno municipal en 1994 con capital mixto, al 55% municipal y al 45% por Cahispa SA de Seguros de Vida, que por entonces era propietaria de la mayor parte de los terrenos. La primera fase fue ejecutada por Vertrange, predecesora de Cahispa, que ejecutó la segunda fase, y es en la tercera fase cuando aparece la Urbanizadora”.
Por un lado, la disconformidad de los propietarios con las cuantías de las cuotas para sufragar esas obras dio lugar a un elevado número de reclamaciones judiciales, muchas de las cuales se resolvieron en un total de 304 sentencias dictadas entre 1999 y 2008, 152 de ellas en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, otras 152 en el Tribunal Supremo, y 95 autos, según el consistorio.
“Todos los fallos coincidieron en declarar nulo de pleno derecho el mencionado acuerdo plenario de 1996. Esta condición de nulidad fue debida a diferentes defectos formales, como la ausencia de un presupuesto detallado de las obras, la omisión del preceptivo trámite de audiencia a los interesados, o la incompetencia de Urbanizadora Corralejo Playa para girar esas cuotas, siendo esta competencia correspondiente al Ayuntamiento de La Oliva y no a la mercantil”, en palabras del ayuntamiento.
Por otro lado, la empresa que ejecutó la urbanización, Dragados, “denunció también el impago de casi 5 millones de euros de ejecución de las obras, fallando la justicia a su favor a cobrar ese importe más los intereses”. El Ayuntamiento de La Oliva fue instado judicialmente en 2013 a repetir el padrón de cuotas para pagar esa deuda, un proceso que sigue vivo en la actualidad, anunciando el Ayuntamiento su revisión a tenor de la auditoría.
La investigación a Urbanizadora Corralejo Playa responde al objetivo que tiene la corporación de aclarar la situación de una entidad constituida inicialmente con capital mixto para coordinar la urbanización y dotación de los correspondientes servicios públicos municipales en el Plan Parcial Corralejo Playa.
