Jana González: “El Gobierno rechaza la colaboración de Acufade para mejorar la gestión de la dependencia”

La asociación criticó hace unas semanas la precarización de las familias al recibir la prestación más barata del sistema

Jana González, diputada de Coalición Canaria

La diputada del Grupo Nacionalista Canario, Jana González Alonso, ha criticado el menosprecio del Gobierno de Canarias y de los grupos que lo sustentan, a las conclusiones que trasladó hace una semanas la asociación Acufade sobre la precarización del sistema de la dependencia, “que han rechazado hoy en sesión parlamentaria, ignorando la mano tendida de su presidenta para mejorar la atención y las prestaciones económicas”.

Sus argumentos han estado basados principalmente en desacreditar la realidad trasladada por la asociación así como en criticar a la oposición, por sus responsabilidades anteriores en este ámbito, “perdiendo una oportunidad única de intentar debatir, de manera sosegada, sobre la búsqueda de soluciones para una situación que se complica cada vez más para las familias”

González Alonso renuncia a debatir sobre la dependencia como si fuera una competición a ver quién hizo más o quién hizo menos, “tenemos que visualizar que a día de hoy existen más recursos económicos que nunca y la consejería de Derechos Sociales se aprecia desbordada y tomando decisiones que no están garantizando los derechos, en este caso, de las cuidadoras de las personas dependientes”.

Tal y como denunció Acufade, el Gobierno de Canarias está priorizando, y no por decisión de las familias, sino por una instrucción de la directora general de Dependencia y Discapacidad, la concesión de una Prestación Económica para los Cuidados en el Entorno Familiar (PECEF), que es la más barata del sistema y que, en el peor de los casos diagnosticado, asciende a 386 euros.

Desde el Grupo Nacionalista Canario, “nos preguntamos por qué se ha tomado esta opción cuando debería responder a una situación extraordinaria y por qué el PSOE y Podemos, aplican las mismas recetas que en la anterior crisis económicas (Real Decreto Ley 20/2012), en unas circunstancias en las que disponen de más financiación y más herramientas, por lo que sus decisiones se encaminan irremediablemente a abaratar el sistema público”.

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