Intersindical Canaria hace llegar a este medio de comunicación un comunicado en el que  denuncian, desde los dos Comités de Empresa de la provincia de Las Palmas y de la provincia de Tenerife, «el caos y la falta de interés de las personas vulnerables de Canarias tanto a nivel organizativo como de gestión», que se está produciendo en la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.

 

Según los Comités de Empresa, «tras la entrada hace ya más de dos años y medio al gobierno de la Comunidad, en calidad de Presidente de D. Angel Victor Torres, la Consejera Dña Noemi Santana Perera, la Viceconsejera Dña Genma Martínez Soliño y la Secretaria General Técnica Dña Marlene Santana Rodríguez y Directora General de Protección a la Infancia y Familia Dña Yolanda Iratxe Serrano Avila, deciden paralizar aún más la gestión». Aseguran que «se da la paradoja que el número de ONG de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud con este gobierno ha aumentado, alimentadas todas con dinero público, pero los trabajadores de la administración cada vez son menos y con peores recursos para la atención a la población».

Añaden que «la Consejería de Derechos Sociales, a pesar de contener departamentos pertenecientes al sector prioritario o esencial de la Administración, no atiende a la población necesitada de Canarias, no dota presupuestariamente las plazas necesarias para el correcto entendimiento de la población, no cubre las plazas vacantes por jubilaciones y no ha estado realizando todas las sustituciones por bajas médicas y licencias, produciendo con ello un aumento de listas de espera de usuarios, un retraso considerable en las tareas importantes a realizar y un aumento de estrés en los trabajadores por las cargas de trabajo inasumibles».

Así, traslada Intersindical Canaria, que «el número de menores detectados con necesidades graves de protección que la Dirección General en la actualidad tiene a su cargo en la provincia de Las Palmas son unos 1850 (unos 800 menores se encuentran acogidos en familia extensa, unos 200 están acogidos en familia ajena y unos 650 menores se encuentran en Hogares de Protección) y este número de menores tienen asignados tan sólo a 20 técnicos de la D.G. para tomar decisiones sobre su protección, educación y seguimiento».

A lo largo del año se han abierto unos 600 casos nuevos a investigar e instruir por tan solo 3 trabajadoras (unos 120 requirieron declaración de desamparo y el resto continuar con declaración de riesgo o con acciones socioeducativas puntuales), aseguran.

Por tanto, denuncian «un retraso en la declaración firme de situaciones de desamparo y en la revisión de contratos con las familias acogentes, como mandata la nueva Ley de modificación del sistema de protección, de más de 1.600 expedientes/menores por falta de técnicos, de juristas (sólo hay dos y si se pone de baja no se sustituye) y de administrativos».

Además, «al ser las ratios de los técnicos tan altas, de hasta de 150 menores por técnico, no se puede supervisar adecuadamente el trabajo que realizan las entidades colaboradoras dependientes del Cabildo, que son las que tienen que proponer la revocación del desamparo para que la familia de origen recupere la tutela o, si no es así, proponer la suspensión del permiso especial para que el menor regrese al Hogar de Protección».

Asimismo, trasladan «el abandono en la que se encuentran los niños/as de 0 a 3 años de las escuelas infantiles dependientes de esta Consejería del Gobierno de Canarias, poniendo de manifiesto la dejadez para dar soluciones a los problemas que existen en dichas escuelas». Esto ha provocado que los niños/as hayan tenido que ser «enviados a sus domicilios, porque sus educadores no han sido sustituidos», así como el «incumplimiento del protocolo COVID» o la «pérdida de derechos por conciliación familiar y laboral» de los trabajadores.

Por todo lo expuesto, solicitan «con carácter inmediato», el compromiso del Sr. Victor Angel Torres de un calendario corto de fechas para dar solución a todo lo expuesto. O en su defecto la dimisión de la Consejera, la Viceconsejera, la Secretaria General Técnica y la jefa de Servicio de Personal, todos responsables de la administración y organización del la Consejería.

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