Nueva Canarias (NC) sostiene que los beneficiarios de la renta básica canaria pueden alcanzar al inicio a más de 50.000 canarios, incluidas las personas con pensiones no contributivas, las que están en situación de pobreza o en riesgo de exclusión social y los trabajadores que tampoco pueden cubrir los gastos básicos para vivir con dignidad. Nueva Canarias han presentado esta iniciativa en el Parlamento dotada en su primera fase implantación con 200 millones de euros, de los que 30 millones de euros provienen de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018. El portavoz adjunto del grupo de NC, Luis Campos, ha incluido la creación de esta iniciativa entre las 62 propuestas de mejora del Proyecto de Ley (PL) de los Servicios Sociales, que hoy comienzan a trabajarse en ponencia.
La renta básica de garantía de ingresos, en opinión de Campos, debe ser una de las prestaciones a desarrollar a través de esta nueva norma y la base del plan de lucha contra la pobreza, cuya puesta en marcha no debe prolongarse más allá de los seis meses desde la entrada en vigor de la ley.
En calidad de ponente, Luis Campos hizo hincapié en la importancia de comenzar a desarrollar los servicios y prestaciones antes de que termine la actual legislatura en mayo de 2019, para lo que es necesario que el proyecto de ley se apruebe antes de que finalice el próximo mes de diciembre.
La renta básica canaria, según Rodríguez, puede alcanzar a los 12.000 beneficiarios actuales de la Prestación de Inserción (PCI), a las más de 40.000 personas con pensiones no contributivas, a las personas y familias en riesgo de pobreza y a los trabajadores, que tampoco pueden garantizar con su sueldo los ingresos suficientes para cubrir los gastos básicos para tener unas condiciones de vida dignas.
Para “complementar, integrar y dignificar” al 44,6% de canarios en riesgo de exlusión social, los nacionalistas de izquierdas plantean que se usen los 30 millones de euros conseguidos en los PGE de 2018 para combatir la pobreza más otros 170 millones de euros provenientes de los fondos de la PCI, otras políticas de empleo social y una modificación fiscal basada en la progresividad, como ya se planteó en la tramitación de los presupuestos canarios de 2018.
En total 200 millones de euros, con los que empezar a desarrollar una medida que cumple con sus objetivos en las sociedades europeas más avanzadas y en territorios del Estado, como Euskadi desde hace más de una década, incidió Campos. El ponente invitó al presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, que analice la experiencia vasca, como hizo con la Formación Profesional, para que “se dé cuenta de su error” de catalogar como populista esta medida.
