El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, presentó este martes, 19 de junio, las últimas actuaciones que se han realizado para el despliegue y la puesta en marcha de las infraestructuras que faciliten el acceso a la banda ancha de alta velocidad en las Islas de Lanzarote, Fuerteventura y La Palma, y que quedan fuera de los planes de los operadores de telecomunicación por no ser rentables económicamente.
La actuación, iniciada en 2016 en El Hierro y La Gomera tuvo un impacto sobre 40 núcleos de población; es decir. sobre 13.100 nuevas personas con cobertura, a las que ahora se suman núcleos de población de las Islas de Lanzarote, Fuerteventura, y La Palma, con un impacto sobre 37 núcleos; es decir, 4.692 nuevas personas con cobertura.
En este sentido, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, resaltó que “hablamos de una inversión encaminada a garantizar el equilibrio y la igualdad de oportunidades entre islas, ya que plantea el fomento para el despliegue de redes de banda ancha de muy alta velocidad (>100 Mbps) en núcleos de población de las islas que quedan fuera de los planes de los operadores de telecomunicación por no ser rentables económicamente”.
En 2018, el Gobierno de Canarias lanzó una nueva convocatoria del Programa de Extensión de Banda Ancha, definiendo un conjunto potencial de núcleos de actuación para las islas de Fuerteventura, Lanzarote y La Palma.
La convocatoria en Fuerteventura presenta posibles núcleos de actuación en todos los municipios de la isla y se alcanzarán proyectos de extensión de banda ancha en 8 núcleos, localizados en los municipios de Pájara, Puerto del Rosario y La Oliva, que darán cobertura a 1.172 habitantes que supondrá una subvención de 561.068,75 euros.
El importe total de la dotación económica fija para llevar a cabo las infraestructuras es de 5 millones de euros, distribuido en las anualidades, 2016 y 2020, y tiene como fin incentivar el despliegue de infraestructuras y servicios de banda ancha de alta velocidad por parte de los operadores en zonas que no dispongan de infraestructuras de nueva generación ni planes para su despliegue en un plazo de tres años.
