El pleno del Cabildo de Fuerteventura ha aprobado una moción, presentada por el grupo de gobierno y aprobada por unanimidad, instando al Gobierno de Canarias a dejar sin efecto cualquier tipo de autorización relativa a los permisos de investigación de ‘tierras raras’ en la isla, así como rechazar cualquier tipo de solicitud. Una actividad que han considerado altamente contaminante que, incluso en fase de investigación, conlleva efectos irreparables en el territorio, ponen en riesgo la planificación insular y cuyos permisos se han admitido a trámite en Fuerteventura sin consultar ni a las instituciones locales ni a la sociedad majorera.
Asimismo, la corporación insular manifiesta el rechazo del Cabildo de Fuerteventura a autorizar este tipo de prospecciones en el territorio, en cualquiera de sus fases (investigación o desarrollo), ni ahora ni el futuro.
El Cabildo de Fuerteventura informa de que la Dirección General de Industria ha admitido a trámite y pretende autorizar la investigación de este tipo de elementos químicos en distintas zonas de la isla. Una vez estudiada la situación por parte del Cabildo, los informes advierten del grave daño que causarían en zonas de la Reserva de la Biosfera, zonas de especial protección para las aves (ZEPA), Red Natura 2000, hábitats de interés comunitario y otras afecciones a elementos de interés etnográfico y patrimonial.
Se detalla que el primero de estos permisos (Tenáridos -FV02 P.LP Opares) se sitúa en la zona del municipio de Puerto del Rosario, dentro del mancomún. Las coordenadas que establece el proyecto actual duplican la superficie de actuación con respecto a las que fueron publicadas primero en el Boletín Oficial del Estado (28 de febrero). A la incertidumbre que ha generado este primer proyecto, se le habría sumado otro, aún no publicado en el BOE, que multiplica por catorce la superficie del que se encuentra ya en trámite, y que afecta a unos 19 kilómetros cuadrados de los municipios de Pájara y Betancuria (Tenáridos-FV03 P.LP Verode).
Según la presidenta insular, Lola García, “no ponemos en duda las posibilidades que puede tener su investigación desde el punto de vista tecnológico, pero nos preocupan las consecuencias que pueda tener en el territorio este tipo de minería que, incluso en fase de investigación, utiliza técnicas agresivas y elementos altamente contaminantes. Estamos hablando de que, para obtener una mínima cantidad de estos materiales, se requiere de la extracción de toneladas de tierra y un destrozo irreparable de una superficie amplia y zonas protegidas con gran valor natural y etnográfico”.
“Todo ello, como siempre, sin informar ni consultar a la sociedad e instituciones majoreras. No se entiende como el Gobierno de Canarias no comunique a las instituciones locales unos permisos que pretende autorizar, teniendo en cuenta la tremenda afección negativa sobre el territorio”, prosiguió García. “Nuestro territorio es frágil, no queremos que Fuerteventura siga siendo el solar de ensayo de toda Canarias para las grandes empresas y mucho menos con el beneplácito del Estado. Ya nos están bombardeando lo suficiente con parques fotovoltaicos y eólicos aprobados por la vía del interés general y sin ordenación, tendidos eléctricos de norte a sur y campos de tiro”, añadió.
Lola García indicó, además, que “ya he pedido por escrito a la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias la relación de solicitudes de permisos de exploración, investigación y explotación de tierras raras concedidas y en trámite en los últimos diez años en Fuerteventura”.
Para el vicepresidente del Cabildo, Blas Acosta, “la isla de Fuerteventura y este gobierno pide respeto. No vamos a permitir que se den permisos de exploración sin que hayan pedido consulta previa a las instituciones insulares sobre una actividad industrial y extractiva con implicaciones socioeconómicas de gran magnitud sobre Fuerteventura y que supone la extracción y procesado de toneladas de tierra, generando un daño irreversible a los ecosistemas y un elevadísimo impacto en el territorio”.
Por este motivo, con la moción se manifiesta, también, la disconformidad de la Corporación insular con la manera de proceder de la Consejería de Industria, que vulnera las competencias de las instituciones locales al ocultar documentación relativa a proyectos que ponen en riesgo la planificación insular. Además, se pide a la citada Consejería que ponga en conocimiento del Cabildo y ayuntamientos toda la información relativa a las solicitudes de permisos para explotar tierras raras en cualquier zona de la isla.
