El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una subvención de 30 millones de euros destinada a luchar contra la pobreza y financiar las prestaciones básicas de servicios sociales en la Comunidad Autónoma de Canarias. Se informa de que desde 2021, y contando con esta nueva cuantía, el departamento de la ministra Ione Belarra ha destinado un total de 95 millones a la región insular para este fin.
Esta cantidad consignada durante los tres últimos años en el entorno de los 30 millones, pretende ilustrar el compromiso del Ministerio de Derechos Sociales con la lucha contra la elevada tasa de pobreza y exclusión social del archipiélago.
Concretamente, las actuaciones a desarrollar por el Gobierno de Canarias serán las siguientes: implementar políticas para paliar la pobreza, en particular la infantil, con el refuerzo de las prestaciones, incluidas la información y orientación para el acceso a recursos, prestaciones económicas, etc; cofinanciar la renta mínima autonómica (Prestación Canaria de Inserción o PCI) y la renta ciudadana; mejorar las oportunidades formativas y de inserción laboral de la población joven a través del desarrollo de escuelas de segunda oportunidad y facilitar el acceso a las prestaciones económicas, en particular a las rentas mínimas, sean estas el IMV del Estado o la PCI autonómica, a través de refuerzo de la información y la orientación.
Asimismo, se podrán reforzar las ayudas y prestaciones económicas destinadas a cubrir las necesidades básicas de alimentación, vestido, vivienda, educativas, culturales, salud bucodental, etc. y los ingresos de aquellas personas y unidades de convivencia beneficiarias de prestaciones económicas insuficientes o por debajo del umbral de la pobreza. También se impulsarán programas de atención al sinhogarismo o se desarrollarán proyectos de vivienda intergeneracionales compartidas, favoreciendo el acceso a la vivienda del colectivo joven y luchando contra la soledad no deseada de las personas mayores.
También se dispondrá de fondos para reforzar el sistema de atención a la dependencia, los programas de atención a colectivos vulnerables especialmente afectados por situaciones de pobreza, familias monomarentales, mujeres víctimas de violencia de género, población gitana, colectivo LGTBI, etc. Se podrán desarrollar programas destinados a ofrecer alojamiento, comedor social, entregas de alimentos y otros bienes de primera necesidad (vestidos y productos de higiene) y programas destinados a atender las situaciones de vulnerabilidad social de la población inmigrante, incluyendo la atención de menores extranjeros no acompañados, así como programas destinados a promover la convivencia intercultural, especialmente en zonas de alta exclusión social, entre otras actuaciones.
En cuanto a las Prestaciones Básicas de los Servicios Sociales se podrán reforzar aquellas relacionadas con información y orientación, ayuda a domicilio, alojamiento y convivencia, prevención e inserción social y cooperación social y fomento de la solidaridad. De la misma manera, se podrán financiar actuaciones que impliquen la digitalización de los procedimientos y nuevas formas de atención no presencial y aporten valor a la intervención social.
Todas estas posibles líneas de trabajo se encuentran enmarcadas en el Programa de Lucha contra la Pobreza y la exclusión social de Canarias, vinculado con la Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social 2019-2023.
