En un comunicado el colectivo de trabajadores Salvar el Hotel Oliva Beach, señala que “estos días han trasladado nuestro conflicto a las calles de Madrid, en representación de los 400 trabajadores y trabajadoras que ven peligrar sus puestos de trabajo, a los que habría que sumar los cientos de afectados de forma indirecta”. Recuerdan que “nuestra reivindicación cuenta con el respaldo de todas las fuerzas políticas del Cabildo Insular de Fuerteventura, del Ayuntamiento de La Oliva, fuerzas sindicales y asociaciones de empresarios”.
En la nota apuntan que “desde que comenzara este conflicto, el Ministerio para la Transición Ecológica, ha recabado distintos informes para declarar nula una concesión administrativa del año 2003. El 17 de febrero de 2020, la Abogacía del Estado daba vía libre para reformar el Oliva Beach, mientras se discutía la legalidad de la concesión. La reforma permitiría crear nuevos puestos de trabajo y mantener a los trabajadores en condiciones de seguridad. No entendemos este angustioso bloqueo”.
A pesar de ello, “el Ministerio nos ha notificado recientemente el Acuerdo de inicio de revisión de oficio por causa de nulidad de la concesión administrativa donde se ubica el Oliva Beach. En resumen, el desmantelamiento de dicho establecimiento”.
Para el colectivo “el drama que representaría acabar con el Hotel Oliva Beach se puede comprender con los siguientes datos: El impacto económico global de nuestro centro de trabajo se estima en casi 27 millones de euros en el año 2019 y en 519 empleos directos e indirectos, y supone el 20% de la oferta alojativa del municipio de La Oliva. La Oliva tiene actualmente una alarmante tasa de paro del 21,32% (2782 parados), por lo que el desempleo se situaría en cifras superiores al 25%. Estas cifras son insostenibles y un factor que incrementaría la inseguridad y la criminalidad en el municipio. Todo ello, en medio de una pandemia que ha derivado en una de las mayores crisis económicas de las últimas décadas”
Conflicto Oliva Beach
Por otro lado en la nota, destacan “Pero no somos sólo números. Somos personas con nombre y apellidos, con problemas y dramas familiares. Manoli, Jessica, Aitor, Olegario, Gemma, Rita… Sólo pedimos volver a llevar el sustento a nuestras familias, poder pagar la hipoteca, ser capaces de proporcionar estudios a nuestros hijos e hijas. Sólo pedimos que se llegue a una solución, para que se respete tanto la legislación medioambiental, como nuestro derecho al trabajo”.
Finalmente en el escrito se recoge que “ahora somos trabajadores y trabajadoras sin alternativa. Si no se soluciona urgentemente este caso, seríamos víctimas de una de las injusticias más grandes cometidas por el Gobierno de España a nuestro municipio, y que, a buen seguro, desembocaría en una quiebra social de imprevisibles consecuencias”.
