Componentes del Destacamento Marítimo de Fuerteventura  han intervenido el pasado día 26 doce jaulas de pesca, o nasas, de grandes dimensiones y sin identificación alguna en la zona conocida como Barranco del Quíquere,  en la costa este de la isla de Lanzarote, las cuales incumplían diferentes preceptos recogidas en la citada legislación, como carecer el arte de balizamiento preceptivo.

Aviso

La colaboración ciudadana ha sido fundamental en el hallazgo de las nasas, recordando que la Guardia Civil dispone de una dirección de correo electrónico, sugerencias@guardiacivil.org , cuya finalidad es la atención general al ciudadano, sirviendo además de canal para recibir informaciones sobre asuntos que pueden iniciar una investigación.

Legislación

Actualmente la utilización de nasas viene regulada en la citada Orden               –concretamente artículos 12 y 13- y en el Real Decreto 182/2004, de 21 de diciembre –artículo 25-   que desarrolla el Reglamento de la Ley de Pesca de Canarias; dichas normas legales fijan una serie de disposiciones como la regulación de las placas identificativas de las nasas y la profundidad mínima a la que deben estar situadas, así como el balizamiento de las mismas y bollas permitidas.

Extracción

De esta manera el pasado día 26 y a bordo de la patrullera Canal Bocayna, componentes del Destacamento Marítimo de Fuerteventura procedieron a la búsqueda de las nasas en la citada área.

Una vez localizadas las nasas se procedió a sacarlas del agua con las maquinillas elevadoras que fueron instaladas en las patrulleras por el  Gobierno de Canarias (Dirección General de Pesca); las citadas artes, de diversas medidas, contaban con un diámetro máximo de 4 metros.

 Posibles sanciones

El uso furtivo de nasas en el litoral marítimo puede conllevar sanciones administrativas de hasta 60.000 euros, en virtud del Título V de la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado.

Todas las nasas intervenidas han sido llevadas a tierra, en este caso al muelle de Corralejo,  donde han quedado a disposición de la Viceconsejería de Pesca y Agricultura del Gobierno de Canarias para su posterior destrucción, prosiguiendo la Guardia Civil con el operativo contra las nasas ilegales.

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