Los propietarios de suelo rústico en el municipio de La Oliva están recibiendo estas semanas el recibo del cobro del Impuesto de Bienes Inmuebles Rústicos (IBIR) con carácter retroactivo de los años 2016 y 2017, afirman desde En Marcha.
En el caso de una parcela de unos 5.000 metros cuadrados, cuyo uso del suelo es agrario, debe abonar unos 48 euros, según los datos que maneja la formación política.
El principal partido de la oposición en el Ayuntamiento de La Oliva no entiende por qué se está procediendo ahora al cobro de este impuesto que, “no tiene ningún sentido”.
“Estamos hablando de parcelas en las que no se permite la construcción de ningún tipo de edificación y que, en algunos casos, tienen hasta algún grado de protección como ZEPA o parque natural” explica la portavoz adjunta Idaira Rodríguez, quien insiste que “son muchos los vecinos afectados que ven ahora como tienen que pagar impuestos por un trozo de tierra que no les reporta ningún tipo de beneficio”.
Según los sondeos de En Marcha ningún otro Ayuntamiento de la isla cobra este impuesto, “básicamente porque no tiene sentido, el objetivo de los impuestos es contribuir económicamente al sostenimiento de los servicios públicos que se reciben, ¿qué servicio público recibe una parcela de 10.000 metros a las afueras de cualquiera de nuestros pueblos que no tienen ni camino público para llegar a ella?” se pregunta Rodríguez.
El cobro de este impuesto se fundamenta en una ordenanza aprobada a principios del año 2015 cuando era alcaldesa Claudina Morales (Coalición Canaria). Sin embargo, el impuesto no se ha cobrado a los vecinos en todo este tiempo, por lo que desde En Marcha ya se registró este miércoles una serie de preguntas para que el gobierno municipal explique la situación.
Por otra parte, desde En Marcha presentarán ante el pleno municipal una moción para modificar el texto de la ordenanza, de manera que se incluya como exención al impuesto los terrenos en suelo rústico donde no exista posibilidad de realizar construcción alguna. En este sentido, la formación solicita al gobierno municipal la suspensión cautelar inmediata del cobro de este impuesto hasta que el pleno municipal se pronuncia sobre la citada ordenanza.
“Esta sí es una norma injusta y desfasada, sin embargo esta norma sí podemos cambiarla desde el ayuntamiento” señala Idaira Rodríguez, quien espera que todos los grupos se unan y voten a favor.
