La normativa de obligado cumplimiento debe respetarse

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La normativa de obligado cumplimiento debe respetarse
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Segunda parte Del Jable al Malpey: Maica Román, arquitecta, perteneciente a la plataforma Salvar el Cotillo, hace un resumen de algunos aspectos que se explican con detalle en el Manifiesto Salvar El Cotillo, en relación al Camping de Piedra Playa. Terminamos el programa, Del Jable al Malpey, con Maite Bautista, abogada animalista de PROTA, que comenta los problemas que puede traer para el maltrato animal la nueva ley de  de Enjuiciamiento Criminal.

Presentan Sofía Menéndez y Marusa Hernández.-

Entrevista a Maica Román, urbanista, explica la situación en relación al Camping de Piedra Playa en El Cotillo.-

Maica Roman

“La iniciativa de un proyecto de camping en la zona ZEPA de Piedra Playa no es nueva, pero en los últimos meses se ha reactivado y con ella también La Plataforma Salvar el Cotillo, con la resolución por parte del Cabildo de declarar de interés público y social el proyecto del camping. Ya en el 2015 se tramitó un Proyecto de Actuación Territorial, PAT, (que era lo que establecía la legislación territorial anterior al 2017) de un Campamento turístico en esas parcelas; a este proyecto se opusieron AAVV, personas y colectivos, que emitieron distintos informes, entre otros uno de SEO BirdLife, que advertía de la incompatibilidad de esta actividad con la zona ZEPA-Zona Especial de Protección de Aves- establecida desde 2006”, añade.

En 2019, a través de los mecanismos establecidos en la Ley del Suelo de 2017, se presentó un nuevo proyecto denominado Ecocamping, que se tramitó a través del Ayuntamiento de la Oliva en el Cabildo para su declaración como proyecto de interés público y social, obviando toda la normativa de protección y de biodiversidad, tanto estatal como europea

“Entre otras consideraciones, el manifiesto de la Plataforma Salvar El Cotillo, lo que viene a decir es que el proyecto de camping que se plantea esta dentro de un espacio que está incluido en la RED NATURA-2000, normativa europea y estatal de obligado cumplimiento; en concreto por haber sido declarada zona ZEPA desde el año 2006, por existir en ellas avutarda hubara y otras aves esteparias de interés para la biodiversidad.

La declaración de interés público y social, de una actividad como el camping, en nuestra opinión, no puede establecerse obviando la declaración de zona ZEPA y los valores que tiene el área. Esa declaración de interés publico y social, no tiene sentido, ni se trata de un proyecto que tenga que ver con la defensa, o infraestructuras, etc.. que son las consideraciones que se establecen para estas declaraciones, en espacial en zonas protegidas y eso si no cabe ejecutarlas en otros sitios. No es el caso de este proyecto, que  no es de interés general para el conjunto de la población, sino para un grupo social reducido y sobre todo cuando hay otros sitios idóneos para su instalación.”

De alguna manera, parece que se confunde una demanda social de años, para contar con este tipo de instalaciones de camping que sorprendentemente Canarias sigue sin tener regulada, (cuando sí lo está en el resto del país desde hace mucho) con el interés social de la ley, cuando son cosas muy distintas, subraya la arquitecta.

“Lo que es difícil de entender es que el Cabildo, -añade- conociendo que esta zona es ZEPA y teniendo todos los informes desde el 2015, hayan seguido tramitando este expediente y sabiendo que es incompatible con la protección de la zona. De hecho la revisión del PIOF que se hizo en la década anterior, que llegó a tener su Aprobación Provisional por el Cabildo en el 2015, aunque luego no se tramitara su Aprobación Definitiva, en ese documento ya se reflejó esta zona ZEPA, porque es a lo que toda administración está obligada.”

“Por tanto no se entiende, esa huida hacia adelante, y seguir apoyándose en informes técnicos que solo consideran lo establecido en el PIOF-2001 o en la NNSS de 1990, dos documentos ya caducos, que lógicamente no recogen toda la normativa posterior referente a las zonas de protección y a la protección de la Biodiversidad, que es mucha y es necesario hacer cumplir. Esa normativa posterior al 2001, es necesario considerarla y en cualquier informe que se emita debe tenerse en consideración ya que son de obligado cumplimiento”, afirma Maica Román.

Cualquier documento de ordenación que se redacte ahora deberá recoger todas estas protecciones y señalar todas las zonas ZEPA establecidas, y así lo tendrá que hacer el PGO de La Oliva que está en redacción.

“En la actualidad el proyecto de camping está a la espera de licencia por parte del Ayto. de la Oliva. Las alegaciones que en 2019 se presentaron a esa declaración de interés público y social por parte del cabildo, por parte de la AV, Agonane, Cotillo Joven y otros particulares, se están contestando ahora y la respuesta es igual para todos; sorprendentemente en ella se recogen párrafos del propio proyecto y se reiteran en que el camping cumple con  lo establecido en el PIOF de 2001 y en la normativa del SR municipal, cuando ya sabemos que debe cumplir con toda la legislación posterior de obligado cumplimiento. Y eso los técnicos lo deben saber y lo deben hacer cumplir”, concluye la arquitecta.

 

Maite Bautista, abogada animalista de PROTA

Maite Bautista

La última entrevista Del Jable al Malpey es a Maite Bautista. Abogada de la Asociación Prota contra el maltrato animal.

Seis asociaciones de abogados animalistas de toda España, AADA, ABADA, AGMADA, AVADA, PROTA y Red CABAMA han manifestado su preocupación por el Anteproyecto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que prevé cambiar radicalmente el sistema actual que rige en los procedimientos penales.

Por una parte, se elimina la posibilidad de formular la acusación popular en delitos que tienen trascendencia social, como los de maltrato y abandono animal, y los delitos contra la fauna. También en otros de singular relevancia, como la trata de personas, los delitos contra los extranjeros, o el terrorismo. En lo relacionado con los animales se da la circunstancia que en los últimos años los avances que ha habido en relación a su protección se han logrado a través de las acusaciones populares y particulares. De ahí la importancia de su continuidad.

Por otra parte, también se limita la posibilidad de formular acusación particular a las asociaciones de protección animal ya que no se las va a considerar como ofendidas ni como perjudicadas por los delitos aunque corran con los gastos de los animales maltratados o abandonados.

Maite Bautista señala que “el ministerio de Justicia, tomó el texto antiguo del PP. El problema es que de un plumazo quitan la posibilidad de utilizar el  formato de acusación popular en una lista interminable de delitos. Aquí entrarían el maltrato animal y agresiones contra la fauna. Hemos hecho alegaciones y las hemos difundido, porque no estamos de acuerdo con esto. Como abogadas estamos en contacto entre nosotras y nos hemos unido para presentar alegaciones. Así que ahora paciencia y esperar las enmiendas parlamentarias para que sean introducidos y sea posible personarse en los delitos contra los animales.

La administración en estos momentos tiende a archivar estas denuncias. Da igual que el animal sea pequeño o grande, pero seguimos luchando para que se nos tenga en cuenta, y que se investiguen los casos. Estas acusaciones particulares las presentamos para que finalmente estos delitos no queden en nada”, concluye Maite Bautista.

Despedimos el programa con humor, la canción del “brujito de gulubu” de Rosa León

 

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