Costas deniega el permiso para el Summer Sound Festival «sin fundamentos jurídicos de peso»

Imagen de la Playa de Gran Tarajal

El Ayuntamiento de Tuineje reprocha la actitud de la Dirección Provincial de Costas de Las Palmas que ha denegado, para la corporación, «sin fundamentos jurídicos de peso» la autorización para la instalación del escenario del Summer Sound Festival previsto para el próximo 27 de agosto en el marco de la Semana de la Juventud de Gran Tarajal.

 

El Ayuntamiento de Tuineje explica que «se trata de un festival con casi una década de historia y cuya autorización se había concedido cada año hasta ahora» y que «las características de la ocupación de zona de arena de la playa de Gran Tarajal son idénticas a las de ediciones anteriores», aseguran.

«Nos sorprende sobremanera porque parece una decisión arbitraria sin fundamento jurídico de peso y que contradice al criterio que ha tenido Costas hasta ahora”, reprocha la alcaldesa Esther Hernández.

“No entendemos cómo es posible que este mismo fin semana un escenario ocupase la playa de Riazor en A Coruña, o a finales julio la Playa de San Agustín, en Gran Canaria, que albergó el Maspalomas Costa Canaria Soul Festival”, apostilla la alcaldesa en funciones, Rita Díaz, quien se cuestiona que “la ley debe de ser la misma en toda España y no puede caber la arbitrariedad”.

El Ayuntamiento de Tuineje informa de que recurrirá la decisión de la dirección provincial de Costas, pero en ningún caso se plantea la cancelación del festival en el que actuarán Funambulista, Bombai, Juacko, Mejor con Copas, entre otros.

Esther Hernández subraya que el Summer Sound Festival “es una cita consolidada que tiene un gran impacto en la economía del municipio porque atrae a un número importante de público que disfruta de la oferta que ofrece el municipio en verano”.

Desde el Ayuntamiento se reprocha, además, la lentitud con la que Costas ha resuelto la solicitud que el gobierno de Tuineje registró el pasado 16 de febrero de 2022, “nos responden seis meses después con una escueta resolución firmada por el jefe provincial de la demarcación de Costas con escasa fundamentación jurídica”, reprocha Esther Hernández.

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