CCOO denuncia “pasividad” por parte de la Fiscalía por la situación de los trabajadores del centro de menores de Fuerteventura

Ricardo Uzcategui, en Radio Sintonía.

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras Canarias (FSC-CCOO) denunció este lunes el agravamiento de la situación de los trabajadores del Dispositivos de Emergencia para la Atención de Menores Extranjeros No Acompañados (DEAMENAC) de Fuerteventura debido a la masificación del centro y a los reiterados, y cada vez más graves, actos de violencia contra los trabajadores y la dirección del centro. El sindicato señala la “pasividad” de la Fiscalía y las administraciones públicas para poner remedio a un problema que se extiende en el tiempo.

 

Los trabajadores señalan que desde las primeras denuncias de estos hechos, hace ya meses, la fiscalía no ha tomado cartas en el asunto, desentendiéndose de un problema que es de su competencia. Ni siquiera ha actuado, señalan, cuando ya se acumulan hasta ocho denuncias a la misma persona por distintas agresiones. Por el contrario, ha permitido que el problema se agrave, siendo los trabajadores víctimas, de forma habitual, de actos de violencia, amenazas y humillaciones, sobre todo a las mujeres, además de testigos de las agresiones entre los propios menores, creando un clima de inseguridad incompatible con un centro de trabajo y con unas dependencias dedicadas a la protección de personas menores de edad. En un mismo fin de semana, los trabajadores han tenido que llamar a las fuerzas de seguridad hasta en cinco ocasiones.

Para el sindicato, es urgente que desde la administración responsable del centro se asegure la integridad de los trabajadores y de los menores, de tal forma que a los primeros se les pueda garantizar unas condiciones de trabajo sin riesgo para su salud y a los segundos se les garanticen las condiciones de acogida apropiadas a su edad. Asimismo, exhortan a la fiscalía a actuar inmediatamente para poner remedio a lo que es ya una situación de “impunidad” en la que las víctimas no encuentran en la administración de justicia el órgano capaz de disuadir de su comportamiento a los agresores.

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