El Sindicato de Empleados Públicos de Canarias SEPCA ha aplaudido hoy la nueva figura jurídica que propone la presidenta emérita del Tribunal Constitucional, Emilia Casas para hacer fijos a los 800.000 empleados públicos de España en abuso de temporalidad que han encadenado contratos temporales o prórrogas sucesivas durante años en puestos que cubren necesidades permanentes en las administraciones públicas españolas.
El secretario general del Sepca, Manuel González, mostró su satisfacción por este profundo estudio jurídico de la jueza que ha dictaminado la constitucionalidad de declarar fijos a este personal con una figura llamada “trabajadores públicos a extinguir”, que les dé estabilidad hasta su jubilación y que se podría denominar personal estabilizado con carácter indefinido, tal y como ha propuesto el Comité de Huelga en las dos reuniones de negociación llevadas a cabo con el Gobierno de Canarias durante el conflicto.
Además indica que la figura del trabajador ” a extinguir”, que ha sido propuesto por Sepca desde el año 2016 al Gobierno de Canarias como solución al conflicto de la temporalidad abusiva, aparece recogida en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021, en una disposición sobre la integración del personal de las entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles estatales o fundaciones del sector público, por lo que, en opinión de la presidenta emérita del Tribunal Constitucional, tiene “apoyo normativo” sobre el que sustentarse.
Sepca quiere hacer hincapié en la urgencia de que se dé solución a este conflicto, que mantiene en huelga desde el pasado mes de diciembre a más de 3.000 empleados públicos del sector de Administración General del Gobierno de Canarias, tal y como la presidenta emérita del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, aboga ante la “infracción flagrante” y continuada del derecho europeo y la ausencia en el ordenamiento jurídico español de medidas “eficaces y efectivas” para sancionar el abuso de la temporalidad.
Por este motivo, Sepca recomienda al ministro de Administraciones Públicas, Miguel Iceta, y al presidente del Gobierno de Canarias Ángel Víctor Torres, que “vayan por la senda del camino que le está marcando el Derecho de establecer una normativa para dar solución urgente al problema de la temporalidad”.
Su secretario general, Manuel González añade que el Gobierno de España y el ministro Iceta “ya no se puede escudar en que jurídicamente no es posible estabilizar al personal en abuso de temporalidad sin pasar por unas Opes, ni tampoco en que no sería constitucional ya que este informe demuestra fehacientemente que ambas premisas no se sostienen”.
Sepca pide al ministro Iceta valentía para adoptar ”una solución excepcional para una situación excepcional. Que dé un paso al frente y no deje que miles de familias terminen en la calle después de años de servicio en precariedad por la mala gestión de las Administraciones Públicas españolas”.
