La CNMC vuelve al ataque impugnando no sólo las normativas referentes a las viviendas vacacionales de las autonomías, sino también las ordenanzas municipales aprobadas en Madrid, Bilbao y San Sebastián por ser “contrarias a la competencia” y a los principios de regulación económica eficiente, y “perjudicar a los consumidores y usuarios”. Es más, argumenta que todas las restricciones no tienen como objetivo la defensa del “interés general”, sino limitar una actividad con la única intención de favorecer al sector tradicional (hoteles, apartamentos turísticos, etc.) en detrimento del resto.
Como viene argumentando ASCAV desde hace años y ratificando la CNMC, estas medidas no persiguen garantizar una mayor calidad de los alojamientos turísticos y proteger a los ciudadanos sino incidir en prohibiciones carentes de argumentos.
La CNMC recuerda que fue creada como “superregulador” de los mercados que tiene competencias para impugnar ante los Tribunales de Justicia dichas normativas autonómicas y municipales con rango inferior a Ley, que presenten obstáculos para que exista una competencia efectiva en el mercado.
Con respecto a Canarias, ASCAV informó a la CNMC de las intenciones de la futura normativa y sus insistencias en volver a prohibir la vivienda vacacional en zonas turísticas y mixtas, así como el alquiler parcial de viviendas. Por lo que, todo hace presagiar, que el regulador volverá a advertir al Gobierno de Canarias del “batallón” de irregularidades que contiene el nuevo borrador de Decreto, si es que no lo ha hecho ya, ante las que no tendrán cabida “enmiendas parciales”.
Cabe recordar, que a en lo que se refiere al actual Decreto vigente, el Gobierno de Canarias aprobó la normativa, a pesar que las advertencias previas tanto de la CNMC como de ASCAV, que le indicaban que eran contrarias a la Ley. De hecho, todas las sentencias de los cuatro recursos presentados, entre los que figura el de la propia CNMC y ASCAV, anulan precisamente los objetos de esas advertencias.
Aún así, la Consejería de Turismo insiste, con el único apoyo de la patronal hotelera de la provincia de Tenerife, en seguir adelante con las limitaciones contrarias a derecho a las que ya nos tienen acostumbrados y que, acabará nuevamente en los Tribunales.
En todo este escenario de incertidumbre y caos normativo en toda España, el Gobierno del Estado persigue un pacto nacional que trate de arrojar algo de luz a toda esta maraña, a través de un gran grupo de trabajo que acerque a representantes de todas las Comunidades Autónomas a una Conferencia Sectorial en la que sin duda Asociación Canaria del Alquiler Vacacional ASCAV estará representada a través de la Federación Nacional de Viviendas Turísticas.
Por su parte desde la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias vuelven a insistir argumentando que: «Canarias no va a ceder sus competencias en materia turística. Cada comunidad tiene una realidad diferente y se debe tener en cuenta».
En Baleares y concretamente en Mallorca, que siempre ha sido referente en materia turística para el Gobierno de Canarias, ya se tienen los primeros datos desde la prohibición de las viviendas turísticas en plurifamiliares y los datos no son nada positivos. En Palma, el descenso de turistas se cifra en el 6%, lo que viene a demostrar, que el viajero prefiere cambiar de destino, antes que de modalidad turística. A esto se suma, que los propietarios de viviendas vacacionales ahora prohibidas, no están optando por incorporarlas al alquiler de larga temporada. Con respecto a la actividad comercial y hostelera, los datos son aún mucho más preocupantes, ya que las asociaciones de comerciantes denuncian un descenso de hasta el 30% de su actividad por la ausencia de viviendas vacacionales, lo que evidentemente incide también en los puestos de trabajo.
Ante esto, la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional recuerda que la naturaleza del arrendamiento de las viviendas vacacionales tienen su raíz fundamental en una relación entre particulares, lo cual, articula el Derecho Civil, cuya legislación es competencia exclusiva del Estado. Por lo que éste, dispone de recursos necesarios suficientes para intervenir cuando así lo estime y desee.
Desde ASCAV no se titubea en afirmar que en Canarias no se tienen en cuenta las diferentes realidades, pues, hasta este momento resulta público, notorio y evidente que existe sólo una, que es además contraria a los intereses generales de los canarios como parte implícita de un recurso, el turístico, que es de todos.
