Manuel Miranda, consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias valora en Radio Sintonía, la campaña instando a la retirada de instalaciones no autorizadas en suelo rústico y espacios protegidos en Fuerteventura.
El consejero explicó que muchos ciudadanos, pese a las advertencias de la administración para no llegar a imponer sanciones económicas, no retiran los pales, casetas de madera, contenedores,caravanas y otros elementos del paisaje, por lo que las denuncias continúan su tramite. Miranda recuerda a los vecinos que los tramites administrativos son largos pero, finalmente las sanciones llegan ante posibles infracciones.
Unidad de drones desde febrero
El consejero presentó el pasado mes de febrero la nueva unidad de drones de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural (ACPMN), que se estrenó con una actuación coordinada con el Cabildo de Fuerteventura y los seis ayuntamientos majoreros para la erradicación de contenedores y construcciones ilegales en suelo rústico de la isla.
La nueva unidad de drones, adscrita al Servicio de Vigilancia Territorial, Ambiental y Actuaciones Previas de la ACPMN, está compuesta por dos coordinadores y nueve pilotos. En sus trabajos de inspección y vigilancia utilizarán dos drones “Matrice”, que incorporan la última tecnología en prestaciones de agilidad, velocidad y seguridad, con barómetros redundantes para una máxima fiabilidad, y características de vuelo inteligente que facilitan la grabación de tomas complejas.
Sus 4 motores de alto rendimiento garantizan un vuelo estable con vientos de hasta 43 km/h, tienen una autonomía de vuelo de 33 minutos, un radio de acción de 8 km y pueden alcanzar una velocidad de 81 km/h.
Los drones utilizan una configuración de GPS Dual para una mayor seguridad del vuelo, que se refuerza con sensores visuales que permiten una gran precisión, y disponen del sistema AirSense, que permite conocer en tiempo real las aeronaves tripuladas en el espacio circundante. Cuentan con sistema de visión y detección por infrarrojos, y están dotados con una cámara RGB Zenmuse Z30, que permite transmitir imágenes de alta resolución.
El consejero señaló el día de la presentación de la unidad que son los ayuntamientos los responsables de tramitar en primera instancia las órdenes de ejecución para acabar con esta práctica irregular, e hizo un llamamiento a la colaboración ciudadana, pues con esta fórmula administrativa la retirada y reciclaje de las instalaciones ilegales no representa un costo añadido para el afectado.
