La Sala de lo Civil y Penal del TSJC ha decidido este jueves inhibirse en favor de los juzgados de la capital majorera en este procedimiento por la misma razón que ha devuelto el «caso Grúas» a La Laguna: la causa incluye a un diputado, Mario Cabrera, que ha dejado de ser aforado con la aprobación del nuevo Estatuto de Autonomía.La Fiscalía de Canarias sostiene en su querella que en la gestión del CAAF en los últimos años se han podido cometer varios delitos de prevaricación y falsedad en documento oficial, en concreto, en operaciones de compra de agua de pozos y catas, de suministro de combustible y de contratación de servicios de transporte y obras.El Ministerio Público señala como posibles responsables de esos delitos a los dos últimos presidentes del Cabildo, Morales y Cabrera, y a tres personas más: el entonces consejero delegado del CAAF, Manuel Miranda (ahora director general de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información del Gobierno de Canarias); el actual responsable insular de Aguas, Andrés Díaz; y el técnico Rafael Melián Martínez.El TSJC ha decidido reconocer su falta de competencia e inhibirse en favor de los juzgados ordinarios sin entrar en el fondo del asunto en una resolución que secundan dos de las magistradas que conformaban la Sala, Margarita Varona y Carla Bellini.De su criterio discrepa parcialmente el presidente del TSJC, Antonio Doreste, quien defiende en un voto particular que la Sala debió admitir la querella de la Fiscalía, para acto seguido trasladarla a los juzgados de Puerto del Rosario, de forma que sean estos los que investiguen su contenido como consideren oportuno.
Fuente: Canarias 7
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