Los inspectores de la Sanidad han reclamado en un comunicado que se les dote de personal y medios para ejercer su trabajo, además de una regulación específica que establezca y ordene sus funciones.
El colectivo, formado por farmacéuticos y veterinarios, denuncia que en Canarias hay de media un inspector por cada 25.000 habitantes, cuando la media nacional es de un inspector por cada 12.000 habitantes. Asimismo han denunciado en el texto que llevan más de una década exigiendo mejoras a la altura de los requisitos mínimos impuestos por la Unión Europea, pero que en Canarias “seguimos siendo los mismos con lo mismo”.
Con respecto al personas, “no se cubren en muchas ocaciones las bajas ni se ocupan los puestos vacantes”, por lo que en municipios ha habido “largos periodos” en que no hubo ningún inspector, han explicado. A esto se le añaden los medios materiales, “en la gran mayoría de las islas apenas se dispone de espacio en las oficinas para trabajar ni de la dotación mínima necesaria. El equipo de inspección consiste en un termómetro y un medidor de cloro, cumplimentándose aún hoy en día las actas de inspección a mano. La inspección electrónica prevista desde hace años continúa sin implantarse”.
Sobre una regulación, el colectivo manifiesta ser el único grupo sanitario que no cuenta con un ordenamiento en nocturnidad guardias localizadas, turnicidad, trabajo en días festivos. Por ello piden que se les establezca un reglamento de organización y funcionamiento del cuerpo de Inspectores de Salud Pública que ordene su singularidad, una solución al problema del desplazamiento para efectuar sus funciones, el reconocimiento de su labor como personal sanitario esencial, una dotación de medios personales y materiales adecuada a sus necesidades, y respeto y dignidad profesional.
Los inspectores de sanidad
Los inspectores de sanidad son los que se encargan de prevenir las enfermedades que se transmiten por el agua y los alimentos, y cuando es necesario, la protección de la salud de la ciudadanía con la adopción de medidas de policía sanitaria, como el cese de actividades o la inmovilización de alimentos peligrosos, todo ello con el objetivo de de garantizar el suministro y abastecimiento de aguas y alimentos seguros.
