La consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias está empleando drones en las actuaciones de inspección pesquera que desarrolla la dirección general de Pesca para controlar la pesca ilegal en el Archipiélago.
Hasta el momento la Consejería ha empleado estos dispositivos en operaciones llevadas a cabo en las zonas con mayor sospecha de que se pueden cometer infracciones.
El departamento regional ha firmado un contrato de un año de duración con una empresa autorizada del Archipiélago para que estos dispositivos sigan constituyendo un apoyo a la acción inspectora desarrollada por el personal de Pesca.
Los drones permiten realizar actuaciones que desde tierra son inviables, al posibilitar el acceso a áreas donde los agentes no pueden llegar al ser zonas especialmente escarpadas, lo que se traduce también en una mayor seguridad para los agentes de inspección.
El vehículo es controlado por un operador autorizado guiado por un inspector, que le indica qué zonas debe sobrevolar y que puede seguir en tiempo real, a través de una pantalla, la imagen-foto o vídeo- que está capturando en el momento el aparato desde el aire. Esta imagen también es grabada, lo que permite que pueda almacenarse y visualizarse posteriormente, siendo muy útil como prueba irrefutable de la infracción cometida y también una garantía para el inspector y el inspeccionado.
“Se trata de una tecnología de gran utilidad en las costas del Archipiélago, ya que permite llegar a zonas inaccesibles a pie y es más rápido el uso de un dron que sacar un embarcación del puerto para realizar estos controles; por eso estas herramientas van a facilitar enormemente el trabajo de los inspectores para acabar con la pesca furtiva y garantizar una pesca sostenible”, indicó el consejero.
Con el propósito de incrementar la lucha contra el furtivismo en los puertos que son competencia autonómica y estatal, el consejero explicó que el departamento que dirige ha mantenido reuniones con los responsables de las instalaciones portuarias para compartir información y realizar acciones conjuntas para optimizar el uso de recursos.
Estos protocolos de colaboración vienen a sumarse al alcanzado con la Policía Canaria y en el que está trabajando con la Guardia Civil con el fin de trabajar conjuntamente para intensificar las labores de inspección pesquera en el Archipiélago sin que esto suponga un incremento del gasto. Estas acciones dan respuesta a las peticiones planteadas desde el sector pesquero profesional para evitar el intrusismo en esta actividad y, en consecuencia, la competencia desleal provocada por la pesca furtiva.
“Los furtivos que abusan de los recursos marinos pesqueros, hacen un enorme daño al sector profesional, que dependen exclusivamente de esta actividad, por lo que seguiremos trabajando para conseguir una mayor vigilancia y control de los recursos pesqueros canarios”, comentó Narvay Quintero.
Por otra parte, se está trabajando en el Sistema de información para la gestión de inspecciones de pesca de la Comunidad Autónoma de Canarias (SIPEC), una aplicación informática que realizará un análisis de riesgos para reforzar la inspección en los ámbitos de mayor incumplimiento de la normativa pesquera. En un afán de mejorar los procedimientos de inspección pesquera se está habilitando además la posible presentación de denuncias de particulares, por medios telemáticos, es decir de forma online empleando la Sede Electrónica del Gobierno de Canarias.
En la lucha contra el furtivismo no sólo se actúa desde la inspección, si no que mejorando las redes de comercialización se reducirá la posibilidad de entrada en la red de pescado que no tenga un origen legal, con el convencimiento de que si los comercios no compran los vendedores furtivos abandonarán la práctica de la misma.
