Los sindicatos CSIF, STAJ, CCOO, UGT y CIG han convocado huelga indefinida para los 45.000 funcionarios de los Cuerpos Generales y Especiales del Ministerio de Justicia, “en defensa de una subida salarial digna, en línea con la aprobada para los letrados, y la paralización de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa (LOEO), que impone nuevas condiciones laborales sin previa negociación”. En el caso de Canarias, el conflicto afecta a 2.500 trabajadores.
“Ahora y más que nunca hay motivos para ir a la huelga”, “a los funcionarios y funcionarias de Justicia se les está tratando como funcionarios de segunda”, ha declarado para Radio Sintonía Juan José Jiménez, portavoz del sector de Justicia de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras.
La primera jornada de huelga comenzará el lunes 17 de abril con paros parciales de 10 a 13 horas todos los días de forma indefinida. El día 19 de abril se ha convocado una huelga general durante toda la jornada y una manifestación que partirá del Ministerio de Justicia a las 12 horas. También se ha convocado una concentración a las puertas de la Ciudad de la Justicia en Las Palmas de Gran Canaria, de 11 a 12 horas, para hacer las mismas reivindicaciones.
La convocatoria de esta huelga se produce tras constatar por parte de los sindicatos la nula voluntad del Ministerio de Justicia. Además, Jiménez ha trasladado que “debe haber una previa negociación” de las condiciones y el sistema organizativo que entiende que no ha existido, por lo que, ha reiterado, “nuestras reivindicaciones son más que justas”.
De manera paralela, los sindicatos mantendrán reuniones con los diferentes grupos parlamentarios para enmendar el proyecto de Ley de eficiencia organizativa en línea con nuestras reivindicaciones y explicarles el conflicto laboral en la Administración de Justicia.
Además, los cinco sindicatos subrayan que la huelga del colectivo de letrados ha puesto de manifiesto que la eficiencia de la Justicia no pasa por los Tribunales de Instancia ni el resto de las medidas diseñadas en la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa, sino retribuyendo las funciones que realmente realiza el personal de la Justicia.
