La diputada por Fuerteventura del Grupo Nacionalista Canario, Jana González, ha recordado esta mañana en el Parlamento que “los poderes públicos tienen la obligación de promover el deporte como herramienta de inclusión social e impulsarla desde un punto de vista transversal”, durante su intervención en la comparecencia de Mariona Masdemont, directora de Proyectos de la Asociación Play and Train que intervino en Comisión a petición de este grupo parlamentario.
Para González se constatan los beneficios que aporta el deporte a las personas con discapacidad” por lo que desde el Parlamento y el Gobierno de Canarias hay que trabajar en líneas políticas básicas que garanticen la práctica deportiva a toda la sociedad, con especial atención a los menores de edad
En se sentido, González propuso trabajar con el profesorado para mejorar su formación en ese ámbito y poder favorecer la integración del alumnado con discapacidad, fomentando valores como el respeto a los demás, la empatía, la ayuda a los demás, etc.
Asimismo destacó la importancia de impulsar una estrategia en los municipios para fomentar programas deportivos para personas con discapacidad. Desde las entidades locales “es más factible diseñar un programa adaptado a sus necesidades y encontrar sistema de transporte que faciliten la práctica del deporte a personas con movilidad reducida”.
Por otra parte, la diputada majorera propuso que en todas las islas existan los medios necesarios para que las personas con discapacidad tengan la posibilidad de ser paralímpicos.
Estatuto de Autonomía
El derecho de cualquier persona a practicar deporte está recogido en nuestro Estatuto de Autonomía que, en su artículo 138, establece que corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias la competencia exclusiva en materia de deporte y actividades de ocio. Concretamente, en el artículo 16, se reconoce el derecho de las personas en situación de discapacidad a acceder en términos de igualdad y sin discriminación alguna al ejercicio de sus derechos, garantizando su desarrollo personal y social y faculta a los poderes públicos para la consecución de tal fin.
