La Guardia Civil de Fuerteventura ha informado en un comunicado que la Patrulla del SEPRONA de Puerto del Rosario, en Fuerteventura, investigó el pasado 14 de diciembre a una persona de 33 años de edad, por un delito de maltrato animal por la omisión de los cuidados debidos, teniendo cinco perros y un équido, que se encontraban en deplorable estado de salud por la ausencia de la omisión de cuidados debidos presentando delgadez corporal extrema, infestación parasitaria externa y heridas ulcerosas, en el término municipal de Puerto del Rosario (Las Palmas).
Conocimiento de los hechos
El SEPRONA tuvo conocimiento de los hechos fruto de la colaboración ciudadana que alertaron a los Agentes del SEPRONA la gravedad en la que se encontraban los animales en una parcela de la localidad de Tefía, ante los hechos acontecidos, la Guardia Civil activó inmediatamente a la Veterinaria Municipal de dicho Ayuntamiento, para comprobar el estado de los animales.
La Guardia Civil observó desde el exterior de la parcela la presencia de un total de cinco canes y un burro majorero, los cuales se encontraban en lamentables condiciones físicas y de salud, tales como delgadez severa, infestación grave de pulgas y garrapatas, deshidratación, heridas ulcerosas y anemia grave, comprometiendo gravemente la vida de los animales.
Además, las instalaciones carecían de las mínimas condiciones para el bienestar animal, careciendo de agua a su alcance para poder hidratarse y comida, cobijándose bajo tablas y bobinas ocupadas en la mayoría de los casos por piedras, así como un gran acopio de excrementos.
Por ello, la Guardia Civil identifica a la titular de los perros y el équido e incautó todos los animales para trasladarlos inmediatamente a un centro veterinario para recibir asistencia urgente, siendo confirmada la valoración inicial y quedando uno de los canes ingresado en clínica para una urgente transfusión de sangre al correr grave riesgo su vida.
Finalmente y tras recibir asistencia veterinaria, se comunicó al propietario que los cinco perros fueron derivados de forma cautelar a las instalaciones de una protectora, y el équido al centro dependiente de la Administración Insular para su custodia y cuidados debidos, quedando a disposición de la Autoridad Judicial como prueba de convicción.
