El diputado del Grupo Parlamentario Popular y portavoz en materia sanitaria, Miguel Ángel Ponce, ha reclamado a los responsables de Sanidad una auditoria para que se investigue el aumento de la mortalidad en Canarias en lo que va de año respecto a los decesos previstos. El portavoz ha alertado sobre la incidencia de las islas. Canarias se sitúa como la cuarta comunidad con mayor incremento de mortalidad respecto a 2021.
Ponce advierte que “no podemos seguir esperando a que nos expliquen por qué hasta la fecha Canarias es la cuarta comunidad con más exceso de mortalidad con casi 1600 muertes más de las esperadas, lo que supone un incremento del 14%”, siguiendo los datos recogidos por el Sistema de Monitorización de la Mortalidad (MoMo) realizado por el Instituto de Salud Carlos III. Ponce también ha explicado que “a pesar de que Canarias no es una de la comunidades con alta mortalidad por COVID respecto a los demás, excepto en la sexta y séptima ola, llama la atención que el año pasado fallecieran 458 personas más de lo esperado, mientras que en los 8 meses de este año esta cifra se ha triplicado hasta alcanzar las 1.600, una desviación que el Gobierno de Canarias tiene la obligación de estudiar”.
Según el diputado “es necesario descartar si el colapso de la Atención Primaria, el retraso en los diagnósticos y pruebas, los tiempos de espera para una consulta con el especialista junto con la gripalización del COVID están detrás de este incremento en los fallecimientos”. Añade también qué, “la relajación de las medidas anticovid, la no vacunación completa ni de refuerzo junto al colapso sanitario son claramente las posibles causas que pueden explicar este exceso de mortalidad”.
Largas listas de espera
Además del incremento de la mortalidad en las islas, Ponce también ha mostrado su preocupación por el empeoramiento de las listas de espera quirúrgicas en Canarias. Según los datos actualizados del Servicio Canario de Salud (SCS), unos 33.000 canarios, 2.216 más, están pendientes de una operación que puede tardar hasta cinco meses. Algunos de los ejemplos que ha puesto el portavoz para explicar el empeoramiento de estas listas han sido el de la mamografía, por la que hay que llegar a esperar dos meses y media; cuatro meses en el caso de una ecografía o hasta siete meses por una endoscopia, “pruebas necesarias no solo para poder ofrecer un correcto diagnóstico y tratamiento”, ha señalado.
“El incremento de los tiempos y el número de pacientes que aguardan para entrar en un quirófano muestran no sólo el fiasco que ha supuesto el Plan Aborda, implantando por el Gobierno para acortar los tiempos para una operación, sino la incompetencia e incapacidad del consejero de Sanidad para arbitrar las medidas y protocolos necesarios con el fin de evitar que la incidencia del COVID repercutiera en la atención que reciben el resto de pacientes del SCS”, concluyó.
