El Ministerio para la Transición Ecológica confirma la caducidad de la concesión del hotel Riu Oliva Beach

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha declarado la caducidad de la concesión del hotel RIU Oliva Beach, ubicado en dominio público marítimo- terrestre en las Dunas de Corralejo, Fuerteventura, tras detectarse incumplimientos reiterados de la empresa Geafond, titular de una concesión otorgada de acuerdo con el régimen transitorio de ley de Costas sobre el complejo hotelero. Esta concesión, informa el ministerio, se otorgó en 2003 para compensar la pérdida de una propiedad preexistente al deslinde del dominio público marítimo terrestre (DPMT).

Según lo trasladado por el ministerio: “En marzo de 2022 se resolvió el expediente sancionador incoado a Geafond por incumplimiento de la normativa de Costas y de las condiciones de esa concesión. Se impuso una multa de 204.000 euros y se ordenó demoler las obras ilegales. La empresa no hizo ninguna de las dos cosas. La resolución se recurrió en vía administrativa y la resolución desestimatoria del recurso administrativo se impugnó
ante la Audiencia Nacional”. El recurso está pendiente de resolución, aclaran.

Se informa de que “los incumplimientos de la empresa son la realización de obras no amparadas en el título concesional, la existencia de usos no previstos por el título concesional y el incumplimiento de la condición de dedicar una parte de la superficie de la concesión (18.000 metros cuadrados) al uso público, lo que supone una vulneración tanto de la normativa de costas como de las concretas condiciones de esta concesión”.

De esta forma, los mismos incumplimientos que dieron lugar al sancionador, y con independencia de este, habrían constituido la causa de caducidad de la concesión. Por ello, el 5 de julio de 2022, se incoó el procedimiento de caducidad de la concesión como obliga la normativa de costas.

Consecuencias de la resolución
En la resolución de caducidad, de acuerdo con lo indicado por el Consejo de Estado, se establece la obligación de la mercantil concesionaria a retirar las instalaciones del dominio público marítimo terrestre a sus expensas, suspendiendo la demolición de la parte del complejo ocupada por los apartamentos, en tanto se esclarece la situación jurídica de los 20 titulares registrales de estos apartamentos que no tuvieron ocasión de solicitar la concesión compensatoria.

Respecto a las competencia, desde el Gobierno estatal se indica o siguiente: “Tal y como recoge el dictamen favorable emitido por el Consejo de Estado con fecha 15 de febrero, la competencia para resolver sobre concesiones de régimen transitorio es del Estado; no se ha traspasado a ninguna de las comunidades autónomas que han asumido funciones relacionadas con los títulos de ocupación del dominio público marítimo terrestre (Canarias, Cataluña, Andalucía y Baleares)”.

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