El diputado Enseñat reclama «más compromiso» con el Oliva Beach al Ejecutivo regional

El diputado Fernando Enseñat ha recordado que el Presidente canario se comprometió con los trabajadores "en una foto preelectoral para un expediente que sigue sin resolverse"

Fernando Enseñat. Imagen de archivo.

El diputado popular, Fernando Enseñat, ha reclamado este martes a la Consejera de Turismo más compromiso del Gobierno de Canarias y del Cabildo de Fuerteventura para exigir a Madrid que resuelvan el expediente del Hotel Riu Oliva Beach, paralizado en Costas desde hace dos años.

«Cerca de 400 familias dependen de un informe que no solo cuestiona las obras, sino que ahora viene a cuestionar la concesión administrativa al hotel por 75 años al amparo de la última modificación del Reglamento de la Ley de Costas de 2014», recordó Enseñat.

El diputado popular pidió a la Consejera «más compromiso» por parte del Gobierno de Canarias que solo se hace fotos de campaña en campaña y que, desde el mes de abril y en compañía de la vicepresidenta del Gobierno de España, prometieron una solución «que sigue sin llegar mientras los trabajadores siguen con la incertidumbre de si perderán o no su puesto de trabajo», lamentó el diputado.

Y es que Costas no ha querido informar sobre las obras del Hotel hasta que la Abogacía del Estado no resuelva la duda surgida sobre la concesión «que no terminamos de entender ya que, desde que se le concedió en 2017, el hotel ha pagado un canon de casi 2 millones de euros anuales que nunca se ha cuestionado», relató el diputado.

Además, el borrador del nuevo reglamento de la Ley de Costas pretende endurecer el trámite de concesión y de prórrogas para las actividades en el dominio público-marítimo (a menos de 100 metros de la línea de costa), fijando hasta cinco tramos diferentes de plazo, siempre sumando los años de concesión más los de prórroga. Esa es la principal diferencia entre el reglamento de 2014, aún en vigor, y el actual borrador: el primero entendía
unos plazos de concesión a los que se sumaban las sucesivas prórrogas y el segundo fija los plazos de concesión como el único límite.

El borrador establece que el máximo serán 75 años y sólo se podrá aplicar a actuaciones ambientales. «Nos parece, por tanto, que es más una cuestión política que jurídica. Deberíamos saber ya a estas alturas, cuál es la intención del Estado con este hotel y con el reglamento.

El Gobierno de Canarias no puede seguir mirando para otro lado y permitir, en ningún caso, que vayamos dando pasos para atrás», sentencia Enseñat que, además, pidió «un compromiso a la Consejera para que, además de solidarizarse con los trabajadores, se ocupe y se preocupe por evitar el cierre de este hotel y lo ponga en su agenda como una prioridad porque es motor turístico del municipio de La Oliva».

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