El Cabildo denuncia que el PTECAN invade espacios protegidos y competencias insulares. El Cabildo de Fuerteventura ha dado un paso firme en su compromiso de preservar el excepcional paisaje, territorio y recursos naturales de la isla al presentar este mes de agosto sus alegaciones al Plan de Transición Energética de Canarias 2030 (PTECAN).
Este plan, que establece las zonas designadas para la implementación de infraestructuras de energías renovables en las Islas Canarias, ha suscitado preocupación en el Cabildo debido al potencial impacto sin precedentes que podría tener en el paisaje y territorio de Fuerteventura.
La presidenta del Cabildo, Lola García, manifiesta que “no podemos permitir que se invadan las competencias del Cabildo y que se planifique desde los despachos para responder a intereses de grandes multinacionales, dañando el medio rural y natural majorero”. “Por eso, lo primero que hemos hecho al llegar al Cabildo es estudiar la situación y pedir la suspensión del proceso o ampliación del plazo para presentar alegaciones que ya hemos formalizado”.
Los análisis exhaustivos realizados por diversos servicios del Cabildo han arrojado preocupantes conclusiones en torno a la zonificación propuesta por el Plan de Transición Energética de Canarias 2030 (PTECAN) para la implementación de sistemas de energías renovables. Según los informes presentados, la justificación, análisis y motivación detrás de esta zonificación son insuficientes. El servicio de Ordenación del Territorio, bajo la dirección de Nereida Calero, alerta sobre invasiones en las competencias de planificación territorial del Cabildo, así como la falta de consideración de las particularidades energéticas de Fuerteventura.
Desde el servicio de Medio Ambiente, dirigido por Carlos Rodríguez, se subraya que la planificación propuesta por el PTECAN va en contra de las directrices establecidas por la Ley del Suelo y de los Espacios Protegidos de Canarias. En este sentido, el principio de protección ambiental no prevalece en el proceso de ordenación, en contravención con lo dispuesto en el artículo 5 de la mencionada ley.
Preocupantemente, el PTECAN incursiona en espacios naturales protegidos, designando áreas dentro del Parque Natural de Jandía, el Parque Rural de Betancuria, el Paisaje Protegido de Malpaís Grande, el Monumento Natural de Cuchillos de Vigán, el Paisaje Protegido de Vallebrón, el Monumento Natural Montaña de Tindaya, Monumento Natural de Malpaís de la Arena y Parque Natural de Corralejo como zonas aptas para la generación de energía solar y eólica.
Además, el PTECAN interfiere en siete zonas de especial conservación (ZEC) y ocho zonas de especial protección para las aves (ZEPA) que abarcan el territorio de Fuerteventura de norte a sur. Los planes de recuperación y conservación de especies protegidas, como el guirre o la hubara, no han sido tomados en cuenta de manera adecuada. Estudios científicos del propio Gobierno de Canarias alertan sobre los riesgos de impacto en estas especies. El informe de Medio Ambiente destaca que las áreas de mayor sensibilidad de la hubara canaria se sitúan precisamente en las zonas aptas de energía eólica y fotovoltaica definidas por el PTECAN.
Dicho informe considera que “la implementación de placas solares podría ser compatible en los espacios protegidos podría ser compatible siempre y cuando se integren en edificaciones ya existentes. Las energías renovables que no se desarrollen en esas circunstancias se consideran ajenas a la finalidad de protección de dichos espacios”.
Desde el servicio de Patrimonio Cultural, se destaca la extensión abarcada tanto por el Plan Territorial Especial de Canarias (PTECAN) como por los objetos arqueológicos y etnográficos presentes en Fuerteventura, los cuales están dispersos por toda la región insular.
Debido a esta razón, en relación a cada proyecto específico que tenga impacto en este territorio, el responsable del proyecto deberá presentar un análisis o informe relacionado con el patrimonio, con el fin de evaluar y medir cómo podría afectar a los elementos culturales presentes. Además, será necesario establecer medidas preventivas, correctivas y compensatorias para contrarrestar cualquier posible influencia negativa sobre estos bienes culturales.
Lola García concluye afirmando que “los ayuntamientos han presentado también sus alegaciones y esperamos que sean tenidas en cuenta y que se elabore un documento de manera consensuada con la Isla”.
