Coalición Canaria critica la incorporación de PP y Podemos al ayuntamiento de La Oliva

Ayuntamiento de La Oliva. Imagen de Radio Sintonía.

La alcaldesa Pilar González otorga áreas de gobierno y un sueldo a estos dos concejales para apuntalar su posición frente a la inestabilidad interna con sus socios, mientras la candidatura más votada en las elecciones, la que encabezó Isaí Blanco con Coalición Canaria, queda en la oposición junto al concejal Oliver González, de NC.

 

El grupo de gobierno en el Ayuntamiento de La Oliva pasa hoy a estar integrado por cinco partidos políticos, con la entrada de PP y Podemos. La alcaldesa Pilar González (Gana) se apuntala frente a la inestabilidad existente con sus socios de gobierno, PSOE y en Marcha, incorporando a estos dos concejales hasta ahora en la oposición.

De esta manera, serán 13 los concejales cobrando un sueldo público de la institución, tres del partido de la alcaldesa (Gana), cuatro del PSOE y En Marcha, una de Podemos y uno del Partido Popular. Mientras tanto, el partido que ganó las elecciones, la candidatura de Isaí Blanco, que obtuvo siete concejales por Coalición Canaria, queda solo en la oposición junto al concejal de Nueva Canarias, Oliver González.

Coalición Canaria – Asamblea Majorera valora que este movimiento responde más a una estrategia política que a las necesidades reales de la institución, pues el grupo de gobierno ya contaba con mayoría absoluta antes de las dos incorporaciones.

Además, tampoco se justifica la designación de un único departamento a los dos nuevos concejales. “No creemos que puedan aportar nada al gobierno, pues van a gestionar áreas donde el Ayuntamiento no tiene competencias, como Transportes para el Partido Popular, y Disciplina, un departamento sin apenas personal, para la representante de Podemos”, valoró el portavoz de CC, Juan José Rodríguez.

 Llama la atención que junto a la delegación de competencias a PP y Podemos, tanto la alcaldesa, Pilar González, como el primer teniente de alcalde, Pedro Amador, ambos abogados, mantienen su liberación al 90%. Es decir, cobran la práctica totalidad del salario público al mismo tiempo que ejercen su actividad privada dentro del municipio.

 

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