Según publica el Canarias 7 hoy en su edición digital, el Supremo ha desestimado la cuestión de competencia que pretendía que el juicio de la operación Botavara, en la que están imputadas 13 personas por tráfico de drogas y otros delitos –entre ellos, cinco guardias civiles de Fuerteventura, el llamado Grupo 7– se celebrara en la Audiencia Nacional.
El Tribunal Supremo ha desestimado la cuestión de competencia que solicitaba que la Audiencia Nacional asumiera la competencia en el conocimiento del proceso incoado a raíz de la llamada operación botavara, en la que figuran imputadas 13 personas residentes en Fuerteventura, entre ellas cinco guardias civiles con destino en la isla, agentes que se autoatribuían el apelativo de Grupo siete por sus paralelismos con los policías indomables de una laureada película española de 2012.
La Sala de lo Penal del Supremo ha declarado de forma inapelable la competencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas para el conocimiento de la causa. El Tribunal canario, que ya había recibido el sumario del Juzgado de Instrucción número 1 de Puerto del Rosario, había abierto el turno para que las defensas presentaran sus informes en respuesta a las calificaciones del Ministerio Fiscal, pero la presentación de la cuestión de competencia había suspendido el plazo, que ahora se renueva. En consecuencia, el juicio podría señalarse para el presente año 2017, para celebrarse o bien el la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria o bien en el Palacio de Justicia de Puerto del Rosario.
Macrocausa. Se trata de una causa de alta complejidad y gran volumen de actuaciones, cuyo plenario se puede prolongar a lo largo de varias semanas. Solo Fiscalía solicita la citación a declarar de 56 testigos y dos peritos.
La representante del Ministerio Público ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Puerto del Rosario, Azucena Oti , ya presentó su escrito de calificaciones en abril del año pasado. En él formula cargos por delitos de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal, derecho a la inviolabilidad del domicilio , falsedad en documento público, obstrucción a la Justicia, amenazas y torturas. Imputa a 13 personas –entre ellas a los cinco guardias civiles aludidos: Yeray M.A., Daniel Manuel T.D., José Tomás C.M., Sergio V.R. y David D.P.– y pide penas que oscilan entre los 28 años al supuesto cabecilla y los cuatro años al presunto «ultimo eslabón» de la organización, el ciudadano marroquí que supuestamente puso en contacto a la organización con traficantes de hachís de Marruecos.
Además de a los cinco guardias civiles, el fiscal acusa a Oscar Jonay C.L., Marcelo T.H., Miguel Ángel G.C., Eduardo G.C., Serafín E.M. –es guardia civil, pero no del grupo de los principales imputados–, Abdelfatta B., Santiago Sebastián R.M. y Lara S.V.
Manipulaciones. Las defensas aún no han evacuado sus informes, pero se prevé que nieguen que los hechos sucedieran como dice el fiscal. De hecho, los cinco guardias civiles han presentado un peritaje elaborado por un laboratorio privado de Madrid que aprecia varias irregularidades en el resultado de las intervenciones llevadas a cabo sobre sus teléfonos. Los técnicos aseguran que las transcripciones dan cuenta de frases que no se encuentran en la grabaciones originales y que hay audios que han sido editados a posteriori.
