Canarias en Bruselas para defender sus posiciones en cuanto a la Política Agraria Común

Narvay Quintero. Imagen de Archivo.

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, participó el lunes 28 de enero en Bruselas en el primer Consejo Europeo de Agricultura del primer semestre del año, con el que Canarias inicia la representación de la posición de las comunidades autónoma españolas -tomando el relevo de Galicia- en este órgano, cuya presidencia corresponde en este periodo a Rumanía, responsable de organizar la agenda comunitaria en los próximos seis meses.

Tras el encuentro, en el que estuvo acompañado por el viceconsejero de Sector primario, Abel Morales, Quintero comentó que esta cita “nos permite seguir situados en primera línea del debate sobre la futura PAC post-2020 para defender la postura común que ha venido reivindicando el sector primario canario junto al Ejecutivo canario y con el firme propósito de que se atiende a nuestras especificidades y singulares condiciones como región ultraperiférica, así como el mantenimiento del programa POSEI sin recortes y un PDR específico para las RUP”.

Durante el reunión se abordaron distintos asuntos entre los que destacan los tres reglamentos de la Política Agraria Común (PAC) Post 2020: los planes estratégicos, el Reglamento de la Organización Común de Mercados (OCM) de los productos agrícolas y el plan de arquitectura verde, vinculado a cuestiones de carácter ambiental.

Según explicó Quintero, desde Canarias se demanda, en materia presupuestaria, que se mantenga el actual régimen POSEI y su presupuesto -e incluso ampliarlo ya que la Comisión europea ha reconocido que es deficitario, permitiendo a los Estados miembros complementar esa ficha presupuestaria-, planteamiento contrario al recorte del 3,9% propuesto por la propia Comisión.

Otros de los objetivos de las islas es que los futuros reglamentos incluyan una definición específica para las RUP de la figura del “agricultor genuino”, debido a que las características de estos territorios -lejanía, insularidad, fragmentación territorial, entre otras-, condiciona la labor de los profesionales del ámbito agrario; y que en estas regiones no se aplique la “condicionalidad reforzada” en lo que tiene que ver con aspectos como la rotación de cultivos, imposible de ejecutarse en explotaciones de pequeñas dimensiones, que son las mayoritarias en las islas.

Asimismo, Canarias demanda un Programa de Desarrollo Rural (PDR) diferenciado para las RUP por la comentada singularidad de estas regiones y “disponer de la capacidad de adaptarlo a la realidad de las Islas”; que se mantenga la contribución máxima del FEADER al 85% en las RUP en lo que ayuda pública se refiere (pilar 2 de la PAC); así como que se tengan en especial consideración los efectos del cambio climático en estos territorios por ser más frágiles y sensibles que los continentales, entre otras cuestiones.

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