25 colectivos sociales sin Ánimo de Lucro de Canarias de diferentes áreas de actuación se han unido para reclamar a la consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias que dirige Noemí Santana una revisión del reparto de las subvenciones concedidas a cargo del IRPF para 2020 con motivo de la Resolución Provisional del 28 de abril publicada en el BOC el 06 de mayo del presente.
Por segundo año consecutivo, estas asociaciones señalan que el reparto beneficia a las grandes asociaciones y a entidades de ámbito nacional repartiendo el 59,04% del presupuesto de la convocatoria para 2020 entre dos únicas entidades, lo que supone más de 4 millones de euros.
Estos 25 colectivos sociales denuncian ”un maltrato institucional continuado a las entidades convocando y resolviendo en plazos que suponen un riesgo de continuidad para las entidades al tener que adelantar seis meses el desarrollo de los proyectos sin tener garantía de concesión”.
Por otro lado afirman que “no se realiza una correcta aplicación de la Ley de Servicios Sociales aprobada en 2019 que determina el desarrollo del concierto social como medida de continuidad de los servicios asistenciales”.
Estas entidades han elaborado una lista de reivindicaciones que mantienen la línea de lo reclamado el pasado ejercicio y que no han sido respondidas a pesar de las promesas establecidas por la consejería el pasado año. Siete entidades, en representación de las 26 que se han unido hasta la fecha, se reunieron el martes 26 de mayo con la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud y otros representantes de la consejería para intentar encontrar una solución al grave desamparo en que deja esta Resolución a la gran mayoría de entidades que concurrían a esta convocatoria.
Reparto desigual
Se desarrolló un argumentario de ocho puntos donde se expuso de manifiesto el reparto desigual y desequilibrado del presupuesto, el maltrato institucional de esta Consejería concretamente con las entidades sociales de manera continuada en el tiempo y sin mediar mejora en los últimos años, la existencia de líneas de actuación específicas a colectivos que deberían estar incluidos en otras categorías que también recogen las bases; también se reclamó la representación de las entidades en las mesas de negociación ya que existe un único interlocutor no consensuado y que no representa a ninguna de las entidades afectadas.
Finalmente para los colectivos la consejería trató de justificar esa falta de concesiones por la limitación de fondos, pero no explicó cuáles han sido los criterios para designar la calidad de los proyectos ni porqué han destinado todos los fondos a unas pocas.
