La diputada del Grupo Nacionalista Canario por Fuerteventura Lola García, llamó la atención hoy en el Parlamento de Canarias sobre la necesidad de aprovechar un número importante de viviendas “infrautilizadas, que no han llegado a entrar en el mercado nunca y que están deteriorándose, en propiedad de bancos que en algunos casos hasta han sido rescatados o ayudados con dinero público, o en la famosa SAREB… Y mientras tanto, conviviendo con precios altos de alquileres y necesidad de viviendas sociales”.
Lola García reconoció que “es una acción cuya competencia excede el ámbito de la Comunidad Autónoma, y en la que habría que ir de la mano de los ayuntamientos”, que son quienes tienen información más real sobre el estado de edificios o urbanizaciones inacabadas, embargadas o abandonadas.
Recordó que convivimos en un contexto especialmente complicado, porque a la alta ocupación turística que venimos viviendo en el Archipiélago en estos últimos años, “se une la demanda añadida de vivienda derivada también de las condiciones laborales de muchos trabajadores del sector turístico, que luego acaban incidiendo en el mercado en una espiral que, aprovechando lo limitado de la oferta en el mercado, puede acabar llevando a la especulación”.
Puso en valor las medidas que viene desarrollando la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda a través de distintos programas y con la tramitación del denominado ‘Plan Canario de Vivienda 2019- 2022’.
Señaló la necesidad de abordar la modificación de normas reglamentarias en materia de vivienda para adaptarlas a las necesidades actuales y simplificar los procedimientos. “Me refiero al sistema de adjudicación de las viviendas de promoción pública, a la simplificación del procedimiento para el otorgamiento y renovación de la ayuda al alquiler; o una mejor regulación del Registro Público de demandantes de vivienda… o por ejemplo, la regulación de los procedimientos y requisitos para la transmisión de la propiedad de determinadas promociones de vivienda”, concluyó Lola García.
