El Diputado del Común, Rafael Yanes, se reunía este martes,24 de julio, con el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán ,a quien trasladó la gestión de tres actuaciones de oficio que son competencia del Estado.
La primera de ellas fue la situación laboral de las Kellys en Canarias. Yanes ha mantenido reuniones con los cuatro colectivos de camareras de piso que existen en las islas de Tenerife, Fuerteventura, Lanzarote y Gran Canaria, con el fin de conocer en primera persona sus reivindicaciones. Una vez que se han llevado a cabo los estudios pertinentes, el Diputado del Común ha considerado que se trata de un problema de competencia estatal, por lo que ha decidido trasladarlo al Defensor del Pueblo. Ambos se han comprometido a elaborar un informe con el fin de comenzar con las gestiones necesarias con el Ministerio de Trabajo.
Otro de los temas tratados fue la situación de los centros penitenciarios de Canarias. Tras la visita del Diputado del Común a los centros Tenerife II y Las Palmas II, pudo comprobar que existen importantes desigualdades entre ambas prisiones. Uno de los ejemplos citados por Yanes fue el de Tenerife, donde las celdas de seis metros cuadrados, que inicialmente fueron construidas para una sola persona, actualmente se han tenido que habilitar para dos debido al incremento de los internos. Mientras que en el centro de Las Palmas II, de reciente construcción, las celdas dobles miden catorce metros cuadrados y cuentan con un número importante de ellas sin utilizar. Teniendo en cuenta esta realidad, Yanes le ha solicitado al Defensor del Pueblo que interceda con la Dirección General de Instituciones Penitenciarias para buscar la solución más factible sin que ello suponga el distanciamiento de los internos con respecto a su núcleo familiar.
Y en tercer lugar, ambas instituciones se han comprometido a elaborar un convenio de colaboración con el fin de corregir el mal funcionamiento del Catastro Inmobiliario en Canarias. El Diputado del Común asegura que año tras año se incrementan las quejas de los ciudadanos por el deficiente funcionamiento de este organismo, por lo que ha decidido pedir colaboración al Defensor del Pueblo. Esta situación responde a la escasez de recursos con que cuenta el Catastro en el Archipiélago, lo que repercute en el retraso de las resoluciones de las solicitudes de la ciudadanía.
