Rechazada la propuesta de la oposición para la apertura de la Piscina Municipal

La iniciativa , de la oposición  que  instaba al Ayuntamiento a abrir la piscina el próximo 1 de enero, subrogando a los trabajadores que permanecían vinculados a la empresa que venía prestando el servicio hasta diciembre del pasado año , fue rechazada en base a los informes jurídicos recabados por el Grupo de Gobierno municipal donde se advertía de una posible prevaricación.

El grupo de Gobierno en nota de prensa señala que el  informe  emitido por los Servicios Jurídicos municipales hacía mención a que el Ayuntamiento no tiene obligación legal de subrogar a los trabajadores afectados por el Expediente de Regulación Temporal de empleo promovido por la UTE Fuerteventura Gestión ACTIVA, ni tampoco puede adoptar  tal decisión a la vista de lo dispuesto en los artículos 8, 16 y 18 del Pliego de Cláusulas Económico Administrativas que rigió el contrato de explotación de los servicios de la Piscina Municipal, decisión que de adoptarse podría incurrir en un delito de prevaricación administrativa. La puesta en conocimiento de este informe jurídico finalmente inclinaba a los proponentes del Pleno extraordinario ( PP, PPM e IU) a abstenerse en el mismo.

Desde el Grupo de Gobierno municipal se concluía en su apuesta decidida por viabilizar la puesta en marcha de la piscina a la mayor brevedad posible, con todas las garantías legales, de seguridad y de calidad en la prestación del servicio. En estos momentos se elabora un nuevo pliego de condiciones más atractivo a las potenciales empresas interesadas en optar a la adjudicación de la piscina municipal, donde también se pueda mantener la vinculación a la nueva empresa concesionaria de los trabajadores afectados, y  para lo cuál se buscará el máximo consenso de todas las fuerzas políticas representadas en el pleno.

El Grupo de Gobierno en el Consistorio portuense por último tacha la propuesta elevada al pleno por el PP, PPM e IU, cuando menos de irresponsable, al no contar con informe jurídico alguno ni proyecto de viabilidad que garantizara unas mínimas condiciones óptimas en la prestación del servicio.

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