Analizamos este, viernes, 9 de febrero, con el abogado del despacho IN-LEX Juan Manuel Verdugo las consecuencias del incumplimiento de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
La ley recoge como finalidad es establecer un sistema de relación entre las personas y la Administración pública y demás sujetos obligados, fundamentado en el conocimiento de la actividad pública, la incentivación de la participación ciudadana, la mejora de la calidad de la información pública y de la gestión administrativa y la garantía de la rendición de cuentas y de la responsabilidad en la gestión pública.
Estos días hemos conocido que el comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública ha estimado la denuncia presentada por el círculo de Podemos en Antigua, después de que dos peticiones de información pública presentadas ante el Ayuntamiento fueran ignoradas, y le da un plazo de 15 días para hacer entrega de la misma al reclamante – copia del proyecto inicialmente aprobado sobre las obras en Caleta de Fuste y de los presupuestos municipales de 2017- así como para remitirla al propio comisionado, y que éste compruebe el cumplimiento de la resolución.
El abogado señaló la responsabilidad a título individual que se establece para los altos cargos por incumplimiento en la aplicación de esta norma.
