El líder de la oposición en el Ayuntamiento de La Oliva y portavoz de En Marcha, Pedro Amador, denuncia que Coalición Canaria ha llevado a la institución al incumplimiento de la estabilidad presupuestaria y de la regla de gasto, según se confirma en un informe del interventor municipal y posterior decreto del alcalde Isaí Blanco en relación a la cuenta general del año 2018.
Ambos documentos están fechados a 2 de mayo de 2019, “sin embargo, no vimos al alcalde anunciar a bombo y platillo este delicado asunto en las redes sociales o en la prensa” subraya Amador, quien señala que con ocasión de la inclusión de la aprobación de la cuenta general del año 2018 en el pleno que estaba previsto celebrase a finales de julio “fue que conocimos esta situación, estudiando los asuntos del pleno”. De este decreto se había dado cuenta en una comisión celebrada a finales de mayo a la que Pedro Amador no pudo asistir.
Según señala el propio informe del interventor, el Ayuntamiento de La Oliva no cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria en tanto que se han gastado 12.480.730,70 euros más de los que se ingresaron. Según la legislación, la estabilidad presupuestaria se incumple desde el momento en el que se gasta más dinero del que se ingresa, es decir cuando se produce déficit en las cuentas públicas.
Además, el informe señala que también se incumple la regla del gasto, que establece que el gasto de las Administraciones no podrá aumentar por encima de la tasa de referencia de crecimiento del producto interior bruto a medio plazo de la economía española. La tasa de crecimiento fijada para el ejercicio 2018 fue de 2,4%, sin embargo el Ayuntamiento de La Oliva la superó, situándose en el 184,50%.
El informe del interventor señala que “estos resultados de inestabilidad presupuestaria e incumplimiento de la regla de gasto, han sido provocados principalmente por el pago de la ejecución de varias sentencias que durante el ejercicio 2018 se han hecho efectivas, ascendiendo las mismas a más de 25 millones de euros”. Pedro Amador destaca que muchas de estas sentencias se pagaron sin seguir recurriendo en instancias superiores, provocando un menoscabo para la hacienda pública.
Con este panorama económico, el Ayuntamiento de La Oliva está obligado ahora a poner en marcha un plan económico y financiero que recoja medidas encaminadas a corregir la situación que ha provocado la inestabilidad y el incumplimiento de la regla del gasto. En cualquier caso, este estado económico implica otras limitaciones como, por ejemplo, la posibilidad de aumentar la plantilla de trabajadores del Ayuntamiento.
Amador lamenta que mala gestión del alcalde nos lleve de nuevo a estar bajo la estricta supervisión de Hacienda y a tener que establecer medidas para corregir la situación déficit, “espero que esas medidas no las acabemos asumiendo los ciudadanos vía impuestos ni los trabajadores municipales con el recorte de sus derechos, como ya hiciera su antecesora Claudina Morales cuando llevó al Ayuntamiento a un plan de ajuste y un ERE (despido colectivo)”. En este sentido el concejal propone al gobierno que “reduzca el gasto en publicidad -que llegaron a aumentar un 133%-, en personal de confianza -como hizo un gobierno de CC en el Ayuntamiento de Tuineje- y limitar los contratos menores”.
Sobre esta situación se pronuncia también la concejala de En Marcha y portavoz adjunta de la formación, Idaira Rodríguez quien señala que “quienes con la bandera de la transparencia y el buenismo vinieron con cantos de sirena prometiendo el paraíso, sin conocer la situación del Ayuntamiento, han acabado sumiendo a la institución en déficit presupuestario y condenando a los ciudadanos a pagar las consecuencias”. La concejala lamenta que “La Oliva vuelve ver coartadas sus enormes posibilidades de crecimiento y el Ayuntamiento vuelve a ponerse en cuarentena, precisamente en este momento que es crucial la puesta en marcha de diferentes acciones como el refuerzo de la plantilla, la funcionarización de los trabajadores actuales o la inversión en tecnología para mejorar la administración electrónica”.
Descuadre de cuentas bancarias
El informe del interventor municipal señala otro extremo que también preocupa a En Marcha. Según el funcionario público el arqueo de cajas de 2018 no cuadra, ya que hay diferencias entre la contabilidad y la cuenta bancaria de recaudación, que se trata de “cuentas restringidas de recaudación en las que el Ayuntamiento no puede realizar conciliación, ya que su funcionamiento es de operativa bancaria y para la realización de embargos a los clientes de dichas entidades, realizando posteriormente traspasos automáticos a las cuentas operativas de recaudación que sí están conciliadas”. Algo que preocupa a Pedro Amador “ya que hablamos de una cuenta bancaria que es controlada por una empresa privada, concesionaria del servicio de recaudación, de la que el propio interventor ya dijo con ocasión del proyecto de presupuestos para el ejercicio 2018 que dicho contrato es absolutamente
perjudicial y leonino para los intereses municipales en lo que a premios de cobranza se refiere”.
En este mismo sentido, Amador subraya que esa situación rompe el principio de unidad de caja que debe regir en la administración pública. Principio por el cual los ingresos y gastos de una entidad se centralizan en una tesorería única, que tiene a su cargo la gestión de todos sus recursos financieros.
Sobre la empresa pública Suministros de Aguas de La Oliva, el interventor señala en su informe que “las cantidades adeudadas por parte de la sociedad respecto al Ayuntamiento así como las adeudadas por éste respecto a la sociedad municipal, no coinciden en cuantía en las contabilidades tanto del Ayuntamiento como en la de la sociedad municipal por lo que se hace preciso realizar el examen de dichas cantidades y las operaciones contables necesarias de forma que para el cierre se pueda contar con una contabilidad igual en uno y otro ente.”
Cese de los cien días de gracia
Desde En Marcha apuntan que desde este momento abortan los cien días de gracia que se habían concedido a este gobierno de manera cortés. “La ocultación de información y, sobre todo, la gravedad de la situación económica puesta de manifiesto, a lo que se una la parálisis y la situación de abandono que hay en las calles y pueblos, nos llevan a exigir acción por parte del gobierno, que no es nuevo, sino que es un gobierno de continuidad”.
En Marcha espera que este mes de agosto se pueda celebrar el pleno previsto para el pasado mes de julio y que tuvo que suspenderse. “Tenemos muchas preguntas para un gobierno que debe dar explicaciones”.
Desde el principal partido de la oposición anuncian, además, que han solicitado una serie de datos económicos que permita ahondar en la situación municipal. “Nos tememos que no solo se incumple la regla del gasto y la estabilidad presupuestaria, sino que presumimos que se está incumpliendo la Ley de Contratos del sector público y el periodo medio de pago a proveedores”.
