Ayer se dio el penúltimo paso para dotar a la televisión canaria de una Junta de Control que tendrá no sólo que afrontar la situación de crisis, endeudamiento e impago de IGIC, en la que se encuentra la tele, sino también autorizar todos los contratos superiores al millón de euros, entre ellos los que puedan presentar las productoras de Lucas Fernández, los contratos de alquiler de instalaciones (cinco millones), o el contrato de informativos por 144 millones en seis años (ambos a empresas de Canarias 7).
La televisión canaria funciona con una gestión mixta publico-privada, que ha provocado que después de una inversión de casi mil millones de euros (en euros de 2020), la tele no disponga de estudios, ni de platós, decorados, cámaras, ordenadores o cualquier tipo de equipamiento. Todo lo alquila la tele, todo lo paga, y cuando vencen los contratos, todo lo pierde. Eso conduce a mantener al mismo proveedor, y así llevamos 13 años.
