Manuel Domínguez, durante la sesión plenaria del Parlamento de Canarias celebrada ayer, aclaró dudas que los ciudadanos pudieran tener sobre la posición del Partido Popular en cuanto a los sondeos de tierras raras en Fuerteventura: “Los majoreros tiene que ser conscientes de que este gobierno está en línea de evitar que se lleven a cabo prospecciones, excavaciones, extracciones y cualquier tipo de investigación en cuanto a tierras raras se refiere en la isla”.
Según Domínguez, “el gobierno ha escuchado al pueblo decir que no está a favor, y el gobierno no está para ir en contra de los ciudadanos”. El del PP afirma que su objetivo es ayudar a los majoreros y en este sentido se está trabajando. Además, el vicepresidente del Gobierno de Canarias anunció que en los próximos días llegarían los informes pertinentes “que nos ayuden a tomar la decisión jurídica, evitando que hayan indemnizaciones millonarias a quienes han solicitado esas autorizaciones. Insisto el Gobierno de Canarias no ha autorizado en este momento ni a nuevas ni a antiguas solicitudes”.
Proposición No de Ley en el Parlamento de Canarias y moción en el Cabildo de Fuerteventura para paralizar los sondeos
En abril de 2024, desde el Partido Popular se habrían lanzado simultáneamente una Proposición No de Ley en el Parlamento de Canarias y una moción en el Cabildo de Fuerteventura con el principal objetivo de paralizar los sondeos de tierras raras en la isla.
Se traslada desde el partido que en la PNL el PP insta al Gobierno de Canarias a no tramitar nuevas solicitudes de exploración, investigación o extracción de “tierras raras” sin que se haya realizado una consulta previa al Cabildo Insular y los ayuntamientos afectados, atendiendo a que es una actividad minera y extractiva con implicaciones socioeconómicas y ambientales de gran magnitud sobre Fuerteventura y a tener en cuenta esas consultas.
En la moción elevada al pleno del Cabildo Insular el PP, según explica el partido, insta al Gobierno de España a modificar la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas al objeto de que cualquier yacimientos de origen natural y demás recursos geológicos existentes en el territorio, mar territorial y plataforma continental perteneciente a la comunidad autónoma de Canarias, su investigación y aprovechamiento conlleve previamente informe de evaluación de impacto ambiental (medida transversal) y con la exigencia de las correspondientes garantías medioambientales y del plan de restauración asociado (medida sectorial específica), así como informe vinculante de las administraciones públicas territoriales y urbanísticas afectadas.
“Cuestiones que hoy la ley no contempla y que entendemos que son necesarios para respetar el planeamiento y la voluntad de las instituciones insulares”, explican los populares majoreros.
