La Oliva señalado por un supuesto delito de prevaricación

Imagen de archivo del ayuntamiento de La Oliva

Según un comunicado del partido político Votemos Fuerteventura, el pasado 18 de enero la fiscal María Teresa Espino emitió un oficio por el que acuerda remitir al Juzgado Decano de Puerto del Rosario las Diligencias abiertas respecto a la posible comisión de un delito de prevaricación por parte de Domingo González Arroyo, su compañera sentimental, Ana Martín Brito, el actual concejal de Infraestructuras del gobierno de La Oliva, Rafael Benítez Arroyo y el actual Patrón Mayor de la Cofradía de Pescadores de Corralejo, Juan Francisco González. Según la denuncia presentada el 3 de julio de 2018 “los investigados presuntamente simularon tener el Bachiller para ganar unos 400 € más al mes como cargos de confianza en 2015”.

De acuerdo el decreto de Fiscalía, “no consta que se hallasen en posesión de la titulación de bachiller o equivalente exigidos”. Además, la fiscal refiere en su decreto que aunque Domingo González cesó como Alcalde el 24 de noviembre de 2015 y fue desalojado por la Policía Local del consistorio, los tres investigados continuaron cobrando su sueldo hasta el 7 de enero.

Votemos Fuerteventura, ha manifestado que piensa personarse como Acusación Popular en dichas Diligencias Previas dado que “nuestros servicios jurídicos creen importante que se investigue también si se han cometido un presunto delito de Malversación de Caudales Públicos, puesto que aunque hicieron su trabajo cobraron más de lo debido, causando un daño al erario municipal y un presunto delito de Tráfico de Influencias, al ser Ana Martín compañera sentimental del ex alcalde y los otros dos investigados ocupar los números 6 y 7 de las listas electorales del Partido Progresista Majorero en 2015”.

A su vez, la firma de un contrato con datos presuntamente falsos, podría indicar la posible comisión de un delito de Falsedad Documental, señaló Votemos en su escrito, por lo que el Departamento de Personal del ayuntamiento municipal “deberá ser investigado, puesto que las Leyes y Reglamentos obligan a la Administración a asegurarse de que sus trabajadores acrediten la titulación que dicen poseer”.

Además, votemos  Fuerteventura asegura en el comunicado que el alcalde Isaí Blanco, como el ex alcalde Pedro Amador, supuestamente “fueron varias veces advertidos de esta situación, sin que ninguno de los dos acometiera su obligación de investigarlo y denunciarlo aparentemente, a nuestro parecer, omitiendo el deber de perseguir delitos”.

Finalmente, el partido en su escrito también ha informado de que “se ha cursado denuncia en el Tribunal de Cuentas para intentar recuperar el dinero, según nosotros entendemos, cobrado ilegalmente por los tres investigados (más intereses).

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