La Plataforma 5% para Educación en Canarias ha presentado una queja formal ante la Diputación del Común denunciando que el Proyecto de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2026 mantiene la inversión en educación en el 4,07% del PIB, «muy por debajo del 5% del Producto Interior Bruto que establece la Ley Canaria de Educación de 2014 y sin senda clara para alcanzarlo». Esta diferencia registra un déficit inversor de cerca de 600 millones de euros respecto al objetivo legal y es, según la Plataforma, la brecha más amplia desde la aprobación de dicha ley.
La Diputada del Común de Canarias, Lola Padrón, ha exigido públicamente al Gobierno de Canarias que cumpla con la obligación de destinar el 5% del PIB a educación, advirtiendo que el retraso en este cumplimiento supone una ruptura de la justicia social y de la equidad en el acceso a los servicios educativos públicos. Padrón ha indicado que existe una norma legal de obligado cumplimiento que obliga a alcanzar ese porcentaje, y que su incumplimiento relega a muchos estudiantes canarios en desventaja educativa y limita sus oportunidades de desarrollo.
En este contexto, la Plataforma señala que los presupuestos para 2026 apenas aumentan el peso de la inversión educativa en el PIB desde el 4,05% del
presupuesto anterior al 4,07%, un avance insuficiente que no permitirá enfrentar con garantías los principales retos del sistema educativo canario. Estos incluyen la extensión de la educación infantil temprana, la atención a la diversidad del alumnado, la reducción de ratios, el aumento de plantillas docentes, la mejora de infraestructuras y el desarrollo de la Formación Profesional.
La Plataforma subraya que este déficit inversor de aproximadamente 595–600 millones de euros evidencia que, aún con crecimiento presupuestario en términos absolutos, el peso de la inversión en educación permanece lejano al objetivo legal, lo que perpetúa la situación de desventaja educativa que sufre Canarias frente a otras comunidades.
La queja presentada ante la Diputación del Común reclama un compromiso político claro y efectivo para **priorizar la educación en los presupuestos autonómicos y alcanzar el 5% del PIB**, con el fin de garantizar condiciones educativas dignas, equitativas y adecuadas para el alumnado canario y reducir la brecha educativa acumulada.
