La Cámara de Comercio de Fuerteventura pide paralizar la licitación de la línea Península- Canarias hasta que las escalas en Puerto del Rosario y Arrecife sean obligatorias

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El presidente de la Cámara de Comercio de Fuerteventura, Antonio Rodríguez Marichal, exige al Estado que la línea marítima entre Península y Canarias tenga escala obligatoria en los puertos de Puerto del Rosario y Arrecife, además de en Tenerife y Gran Canaria, y exige la paralización de la licitación del servicio hasta incluir este requisito.

Esta reclamación se remonta a 2014 cuando la corporación empresarial, respaldada por los dirigentes políticos, empresariales y sociales de Fuerteventura, solicitó al Ministerio de Fomento la paralización de la  contratación de la línea  marítima de Obligación de Servicio Público entre Cádiz y la Comunidad Autónoma que, tal y como se publicó en el Boletín Oficial del Estado el día 8 de enero de ese año, excluía la obligatoriedad de conectar los puertos de Puerto del Rosario y Arrecife.

Anteriormente, el Parlamento de Canarias había aprobado también una iniciativa para que se declarasen como Obligación de Servicio Público las escalas en estas islas.

A pesar de ello, la dirección general de la Marina Mercante ha abierto recientemente de nuevo el plazo para ofertas (concluirá el próximo 11 de enero de 2018),  en la licitación de la gestión del servicio de la línea marítima de interés público Península-Canarias para el período 2018- 2020 sin atender a las reclamaciones.

Este procedimiento que cubre el servicio marítimo regular de pasajeros y vehículos en régimen de equipaje, a realizar en buques ferry o ro-pax con menos de 20 años de antigüedad y capacidad para, al menos, 400 plazas todas ellas en camarotes y 170 vehículos, establece como requisito mínimo el trayecto entre Cádiz y Las Palmas de Gran Canaria/ Santa Cruz de Tenerife a Cádiz.

De este modo, se lamenta Marichal, “peligra el servicio que hasta ahora viene prestando la adjudicataria, Transmediterránea, con un trayecto que cubre las  islas”.

Marichal asegura que Fuerteventura “no se quedará con los brazos cruzados con una decisión que puede suponer un daño considerable para la marcha de nuestra economía en un momento en el que se espera una recuperación”.

 

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