La Agencia Canaria de Protección del Medio Natural (ACPMN), organismo adscrito a la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias, abrió en 2017 expedientes por ilegalidades en materia de patrimonio natural y contaminación de la atmósfera, con 14 y 12 expedientes, respectivamente.
Las estadísticas ponen de manifiesto que las acciones desarrolladas por la Agencia han ido aumentando la concienciación ciudadana y disminuyendo las infracciones que atentan contra las leyes del territorio y de espacios naturales de Canarias. “En el año 2000 se registraron 1.821 expedientes, que se han reducido progresivamente durante los últimos años, hasta registrar la cifra de 543 en el último ejercicio”, según apuntó Ana Batista, directora de la ACPMN.
En este sentido, los miembros de la Asamblea acordaron potenciar, desde la Agencia, la labor de concienciación e información al ciudadano con una finalidad preventiva para evitar vulneraciones a la normativa.
Del total de los 2.155 expedientes abiertos en 2017, 1.255 fueron irregularidades en torno al tratamiento de residuos, un 10,3 % más que en el año anterior; 216 estuvieron relacionadas con actividades no constructivas; 45 fueron sanciones por contravenir la Ley de Costas y 44 por realizar vertidos al mar. El resto de los expedientes abiertos tienen que ver con cuestiones de impacto ambiental e infracciones de la normativa sobre prevención de la contaminación y del patrimonio natural.
Por Islas, encabeza la estadística Tenerife, que ha sido la que más expedientes ha registrado, con un total de 846. La isla de Fuerteventura ha recibido un total de 249; Lanzarote, 194; La Palma, 132; La Gomera ha registrado 77 y la Isla de El Hierro tan solo siete.
Los referidos expedientes se han abierto como consecuencia tanto de denuncias de oficio, por parte de los Agentes de Medio Ambiente propios y colaboradores con la ACPMN en virtud de los convenios insulares de adhesión (477); como de denuncias del Seprona (811); de la Policía Canaria (394); de Ayuntamientos (280), ciudadanos particulares (69) y otras Administraciones.
Durante el año 2017 la Agencia ha verificado el restablecimiento del orden jurídico, bien a través de la restitución de la realidad física alterada, o mediante la legalización de lo ejecutado. Del total de las 346 recuperaciones, 205 se han realizado de forma voluntaria y tan solo cuatro han sido de carácter forzoso. También se han llevado a cabo 137 legalizaciones.
