La Guardia Civil del Puesto Principal de Corralejo en Fuerteventura, ha investigado el pasado día 28 de octubre a un hombre de nacionalidad española de 49 años de edad con diversos antecedentes policiales como presunto autor de un delito de estafa y simulación de delito al denunciar un presunto robo en una peluquería ubicada en la localidad de Corralejo al objeto de cobrar la indemnización del seguro que tenía contratado a tal efecto.
Las pesquisas policiales comenzaron a raíz de la denuncia presentada en dependencias de la Guardia Civil el pasado día 29 de septiembre, en la cual informaba a los agentes de la comisión de un robo con fuerza en el que presuntamente y según la manifestación del investigado accedieron a su establecimiento tras forzar el candando de la puerta principal, llevándose del mismo material de peluquería, entre ellos dos sillones de peluquería, varias maquinarias para el corte, secado y tratamiento del pelo todo ello por un valor de 6925 euros.
Por todo ello, los agentes iniciaron las actuaciones policiales tendentes al esclarecimiento de los hechos, dando como resultado una serie de indicios de falsedad en la comisión del robo con fuerza denunciado ya que los aparatos supuestamente sustraídos se encontraban en el establecimiento en el momento de la Inspección técnico ocular.
Por otro lado, la compañía aseguradora realizó el correspondiente servicio de peritación en el lugar de los hechos para valorar los daños y el material sustraído, dándose la circunstancia que los artículos que inicialmente se observaron en la Inspección ocular ya no estaban en el establecimiento en el momento de la peritación.
Finalmente, la Guardia Civil realizó las diligencias oportunas de una investigación por un delito de simulación de delito y estafa a la entidad aseguradora, quedando todo ello a disposición del correspondiente Juzgado, en funciones de guardia, de la localidad de Puerto del Rosario.
Penas por la simulación de delito
Cabe destacar que la simulación de un delito puede conllevar penas que van desde los 6 meses hasta los 2 años de cárcel, o multas que irían desde los 3 hasta los 24 meses, dependiendo del nivel de gravedad del falso delito y de falsas imputaciones a terceras personas.
Este tipo de denuncias además causa un grave perjuicio a las unidades policiales que las reciben, puesto que motivan que se consuma una serie de recursos de personal, tiempo y material, afectando considerablemente al normal desarrollo de las investigaciones que se realizan por hechos reales.
