En un comunicado del Grupo Mixto informan que la diputada del partido en el Parlamento de Canarias, Vidina Espino, ha comenzado el nuevo año con el registro de una iniciativa legislativa en la que pide al Gobierno de Canarias que elimine el impuesto canario al combustible derivado del petróleo durante el año 2023.
Ha explicado que se trata de una “medida coyuntural ante la crisis inflacionista” y ha recordado que no hay pedir permiso a nadie para eliminarlo. Esta medida supondría pagar 26 céntimos menos por un litro de gasoil y 22 céntimos menos por un litro de gasolina, con lo que sería “un alivio para las familias, los autónomos y las pequeñas empresas a la hora de llenar el depósito o hacer funcionar sus maquinarias”.
Una iniciativa para aliviar la situación económica de muchas familias y empresas
La diputada ha dejado claro que el objetivo de esta iniciativa es “equilibrar la balanza entre el exceso de recaudación del Gobierno de Canarias y el empobrecimiento de las familias y las empresas”. En definitiva, se trata de “ayudar a nuestra gente a salir adelante”. Con esa finalidad, Espino va a seguir presentando medidas en lo que queda de legislatura porque “no podemos tener un Gobierno cada vez más rico, recaudando sin tino, y familias cada vez
más pobres, niños cada vez más pobres”, ha lamentado.
La diputada ha mostrado su confianza en obtener apoyo del resto de los grupos parlamentarios, incluidos los que sustentan al Gobierno, a los que anima a trabajar como “verdaderos representantes de los ciudadanos y de sus problemas y a buscar soluciones y no al servicio del Gobierno”.
También ha recordado que el 1 de enero se eliminó la ayuda del Gobierno de España de los 20 céntimos y que el Gobierno de Canarias tiene la posibilidad de mantener esa ayuda “porque tenemos un impuesto propio”. Espino ha insistido en que hay margen para bajar los impuestos “porque hay cientos de millones que se recaudan y que se quedan en un cajón sin ejecutarse”.
Sobre la aplicación de este impuesto ha aclarado que el Gobierno de Canarias realiza de
forma parcial una devolución del mismo a sectores como el del transporte y la agricultura “pero no a otros que están teniendo que pagar un combustible carísimo”. Hace unos días, la diputada se reunió con el sector de las lavanderías y las panaderías que le comunicaron que van a tener que cerrar porque no pueden pagar el combustible que necesita su maquinaria por el que pagan mucho más que lo que se está pagando en la Península.
Año muy complicado
La diputada ha advertido que el 2023 va a ser un año muy complicado, “nada que ver con el mensaje triunfalista del presidente del Gobierno que asegura que lo mejor está por venir.”
Para Espino, esa afirmación de Torres significa “estar desconectado de la realidad” porque en las últimas semanas, en las reuniones y encuentros que ha mantenido, los canarios le han transmitido todo lo contrario, como las enormes dificultades que tienen para poder llegar a fin de mes y contar con un proyecto de vida; las grandes dificultades que tienen los autónomos y pequeñas empresas, que constituyen nuestro tejido
empresarial, para pagar las facturas y mantener abiertos sus negocios generando
riqueza y puestos de trabajo.
La realidad es otra, ha insistido la diputada al recordar el dato terrible que conocíamos en el último pleno del Parlamento, antes de Navidad, y que confirmaba que el 47 por ciento de los niños canarios está en situación de riesgo de pobreza y exclusión social. “La mitad de los niños canarios son pobres o están en riesgo de serlo”, ha lamentado Espino que ha recordado también que ese día pidió al Gobierno que reflexionara “porque, igual, las cosas
no se están haciendo tan bien como presumen”. La pobreza infantil se ha incrementado en ocho puntos con respecto a la legislatura pasada.
¿En qué hemos mejorado?
La diputada ha hecho una pregunta: ¿En qué hemos avanzado en estos cuatro años? La respuesta es: “En nada”. Este Gobierno tiene más dinero que nunca, miles de millones de fondos europeos “pero la vida de la gente no está mejorando. Tristemente no lo vemos”. Espino ha señalado que, “mientras este Gobierno presume de récord de recaudación, las familias son cada vez más pobres y además los servicios públicos no son mejores que antes de que el pacto de las flores llegara al Gobierno”.
Para justificar sus palabras, ha recordado el aumento de las listas de espera en la sanidad, las urgencias saturadas en los hospitales, el incumplimiento de la ley de servicios sociales y de la ley de dependencia, “con ayudas de 300 euros a las familias pero siguen sin atender de verdad a quienes lo necesitan”.
Y siguen también sin hacerse las obras necesarias en los colegios, en los centros de salud, en las residencias y en los centros de mayores.
Para compensar esa balanza, la diputada presentó una batería de deducciones fiscales: por la compra de material escolar, para familias monoparentales, para personas con discapacidad, para quien tiene dependientes a su cargo, para desempleados, para mayores de 65 años, para aquellos que sin poderlo tienen que pagar de su bolsillo el dentista o unas gafas.
Y ante estas propuestas, el Gobierno del pacto de las flores rechazó todas y cada una de estas medidas que iban destinadas a ayudar a los canarios que peor lo están pasando.
Para la diputada, Canarias vive una situación complicada. En las Islas, la cesta de la compra ha subido más de un 15 por ciento y en Canarias es más cara que en el resto del país. “Estamos pagando la cesta de la compra más cara de los últimos 30 años y esto con los salarios más bajos de todo el país, pero el Gobierno no hace nada ni acepta las propuestas de los demás”.
Mientras todo esto ocurre y mientras el Gobierno de España baja el IVA, el Gobierno de Canarias, se niega a bajar el IGIC que subió nada más llegar al poder en base a una mentira, ha recordado Espino. “Torres dijo que había que subirlo en 2020 porque íbamos a terminar 2019 con déficit excesivo, con las arcas vacías pero la realidad fue que ese año se cerró con 200 millones de euros de superávit”.
“Este es el pacto de las flores, el que recauda a costa del sufrimiento de los canarios para no ejecutar ese dinero dejando hasta 600 millones de euros cada año en un cajón y sin mejorar nuestros servicios públicos”, ha lamentado.
