En Canarias existen un total de once empresas de inserción dedicadas, fundamentalmente, a actividades vinculadas al sector servicios que cuentan con financiación del departamento de empleo del Gobierno de Canarias. Este año las empresa de inserción dispondrán de casi dos millones de euros (1.979.000 euros) que se destinarán a la contratación o el mantenimiento del puesto de trabajo de 149 personas en situación de exclusión social, a la inserción de otras 20 personas en el mercado ordinario de trabajo y a la contratación de 39 personas más como parte de los equipos de apoyo a estas personas durante el proceso.
El objetivo de este programa del Gobierno es facilitar la contratación de personas en exclusión, primero en una empresa de inserción para, posteriormente, propiciar su inserción laboral en el mercado de trabajo ordinario.
Se introducen cambios en las cláusulas con las que el Gobierno pretende que el concepto de contratación pública no solo incluya la ejecución de obras, la prestación de servicios o adquirir suministros, sino que redunde en el beneficio común y el interés público como son la inserción laboral de personas desfavorecidas, la igualdad entre mujeres y hombres, la generación de empleo, la sostenibilidad ambiental, la calidad en el empleo o el cumplimiento de los derechos éticos y humanos, en sintonía con la normativa europea.
En la actualidad existen en Canarias 64 centros especiales de empleo acreditados, que solo durante el año pasado facilitaron la contratación de 2.566 personas con discapacidad. A través del Servicio Canario de Empleo, el Gobierno subvenciona a los centros especiales de empleo con ayudas que permiten tanto el mantenimiento de puestos de trabajo de personas con discapacidad como la contratación de personal técnico de apoyo y la contratación indefinida de personas con discapacidad por empresas ordinarias. Para este año 2016 está previsto invertir más de 6 millones de euros en los centros acreditados en las Islas.
En líneas generales, las cláusulas sociales y medioambientales permiten que el Gobierno de Canarias anteponga en sus contrataciones públicas a aquellas empresas que ofrecen mejores condiciones laborales.
