La Asociación Entre Mares llama la atención sobre la falta de apoyo en la actual situación de crisis sanitaria a las personas mas vulnerables de la sociedad, los inmigrantes y las personas sin hogar. Se preguntan desde el colectivo si ¿van a estar incluidas las familias y personas más vulnerables en los planes del Gobierno Canario y de los ayuntamientos? No en las declaraciones, sino en las políticas que se articulen y en los presupuestos que las avalen.
Para el colectivo que trabaja en Fuerteventura en el ámbito de la migración “pronto lo sabremos en el ámbito autonómico…aunque no hay muchos motivos para la tranquilidad”.
En Fuerteventura aseguran “que ya se tiene la certeza, al menos en el municipio de Puerto del Rosario, de que las ayudas a las personas y familias inmigrantes en situación irregular, incluidas las alimentarias, tendrán un carácter “excepcional”… sujeto a un “podrán
ser…” . Así lo recoge la reciente a Ordenanza municipal publicada por los Servicios
Sociales del Ayuntamiento de Puerto del Rosario.
Durante el mes que llevamos de confinamiento desde el Servicio de Atención, asesoramiento e Información a la población Migrante (SAAIM), “estamos viendo y asistiendo, a personas migrantes y a sus familias, que han dejado de percibir sus únicos ingresos, producto de empleos precarios que han echado la persiana, o provenientes de la economía informal. Ello repercute en un incremento de las dificultades para pagar el alquiler del piso o habitación o procurarse alimento y, por tanto, en muchos casos, tener la despensa vacía durante días e incluso semanas, es decir, que existen familias pasando hambre (trabajadoras de hogar que no pueden acceder a ayudas por desempleo, migrantes en situación de calle, alojados en ocasiones en recursos no adaptados para situaciones
prolongadas de confinamiento y un largo etcétera)”.
En este contexto resulta llamativo que ni el Gobierno español, ni el Autonómico, ni el
insular o municipal, han tenido en cuenta, expresamente, estas situaciones en las
medidas que ha ido adoptando.
Personas sin techo
Las personas sin techo que ahora están alojadas en recursos de urgencia, ¿se les va
a poner en la calle cuando acabe el confinamiento? ¿Se están planificando los
recursos que permitan, a futuro, seguir atendiendo sus necesidades? ¿Se va a evitar
que jóvenes tutelados por la Comunidad Autónoma se queden en la calle, sin medios,
al cumplir los 18 años?
Es también muy elocuente que, en una situación extraordinaria como la actual, no se
haya considerado la regularización de las personas que no disponen de permiso de
trabajo y residencia. Sin esa posibilidad de poder buscar un trabajo legal se les
condena a la miseria y al trabajo irregular y en condiciones mayores de explotación.
Su regularización, reclamada desde muchos sectores de la sociedad, es una medida
imprescindible de cara a que cuenten con herramientas propias en la situación
posconfinamiento, sin depender exclusivamente de ayudas públicas.
Si la situación de estas familias no tiene una respuesta institucional que asegure su
acceso a las medidas de protección social, quedarán expuestas a situaciones de
extrema pobreza y desamparo institucional en el caso de los menores. La
regularización administrativa es el único cauce posible para asegurar su acceso a
medidas básicas de protección en igualdad de derechos y condiciones.
Afrontamos una situación en la que cabe la posibilidad del crecimiento de
planteamientos xenófobos. Las situaciones de crisis suelen ser aprovechadas para
encontrar chivos expiatorios sobre quienes descargar las frustraciones.
Las personas migrantes, que ya vienen siendo objeto de discriminaciones racistas pueden verse situadas aún más en la diana. Es importante, en primer lugar, atender a sus
necesidades reales para que no caigan en la marginalidad.
Para Entre Mares es necesario que los medios de comunicación contribuyan a hacer visible la situación de todos estos colectivos que, a día de hoy, forman ya una parte
imprescindible en la construcción de nuestra sociedad. Es importante la creación de
redes que visibilicen sus carencias y sus derechos, que les apoyen en los trámites
necesarios para acceder a ayudas que estén previstas y que les muestren que no
están solas, que les consideramos parte de la sociedad majorera.
Desde el colectivo se solicita con carácter urgente que, teniendo en cuenta la situación
excepcional que se vive por la propagación del coronavirus, se asegure el acceso a
ayudas a las personas inmigrantes que lo necesiten, independientemente de su
situación administrativa o de si están empadronadas o no.
